La presidenta electa de Costa Rica anuncia adaptación parcial del modelo de seguridad de El Salvador

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, confirmó este jueves en una entrevista con DW Noticias que su gobierno replicará aspectos del modelo de seguridad implementado por Nayib Bukele en El Salvador. Fernández expresó su admiración por los resultados obtenidos en el país vecino y defendió la adaptación de medidas enfocadas en el combate al crimen organizado.

Según explicó la mandataria entrante, el principal objetivo es cortar el vínculo entre los cabecillas de bandas criminales y el exterior desde las cárceles costarricenses. Fernández criticó que, en la actualidad, los reclusos con condenas por narcotráfico y crimen organizado continúan operando desde prisión, gracias a la ausencia de controles efectivos. “Admiro que logró con su cárcel de máxima seguridad desconectar y desarticular a las bandas de crimen organizado”, afirmó al referirse al modelo salvadoreño.

La presidenta electa subrayó que las garantías legales y constitucionales de Costa Rica seguirán vigentes y descartó que se vayan a promover arrestos sin respaldo judicial. “Yo no estoy diciendo acá que nosotros vayamos a promover los arrestos de personas que no tengan antecedentes judiciales”, respondió ante la consulta sobre posibles violaciones de derechos humanos, un punto que ha generado críticas de organizaciones internacionales contra el modelo de El Salvador.

Fernández remarcó que en Costa Rica se protegerán los derechos humanos de todas las personas, aunque cuestionó el énfasis que, a su juicio, reciben los derechos de los criminales frente a los de las víctimas. “Me llama mucho la atención que organizaciones internacionales se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no se preocupen de la misma manera y proporcionalmente por los derechos humanos de las víctimas”, declaró.

La mandataria, quien asumirá el cargo el próximo 8 de mayo, ejemplificó su postura con el caso de familiares de víctimas de asesinatos quienes, según dijo, deben costear sus propios abogados, mientras que los acusados reciben apoyo estatal y asesoría profesional. La presidenta consideró que el sistema costarricense ha tendido hacia un modelo progresista que, en su opinión, desbalancea la protección de derechos en favor de los procesados.

Fernández insistió en que la prioridad de su administración será impedir que los reclusos continúen participando en actividades criminales desde prisión. “Quiero copiar esa parte de cómo ellos lograron con ese modelo de administración carcelaria cortar el vínculo de esos criminales con el exterior y que estando presos no sigan generándole dolor a las familias costarricenses”, sostuvo.

La discusión sobre el modelo de Bukele ha generado debate regional. El Salvador mantiene el respaldo de la población a la reducción de la violencia. Costa Rica, históricamente reconocido por su estabilidad y sistema democrático, enfrenta actualmente desafíos crecientes relacionados con el crimen organizado y la seguridad ciudadana.

El modelo salvadoreño define la estrategia de seguridad impulsada por la mano dura para los que violan la ley. El pilar principal es la megacárcel CECOT, utilizada para confinar a miles de presuntos pandilleros. Bajo este régimen, El Salvador redujo drásticamente la tasa de homicidios y la popularidad presidencial superó el 90%, apoyada por una intensa comunicación en redes sociales.