La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, pidió este viernes al Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil aprobar la candidatura del ex presidente y para ello citó una decisión no vinculante del Comité de Derechos Humanos de la ONU en la que pedía garantías para su participación en las elecciones.
El juez Luis Roberto Barroso, instructor del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, fue el primero en votar en la sesión extraordinaria sobre la validez de la postulación de Lula y pidió que ésta sea negada por su condición de condenado a prisión y con pena confirmada en segunda instancia.
La opinión de Barroso será debatida por los otros seis miembros del TSE, sobre la base de normas electorales que prohíben en forma explícita que una persona en la situación de Lula, con una condena ya ratificada en segunda instancia, postule a cualquier cargo.
"Voto por la procedencia de las impugnaciones" y en consecuencia "niego el registro de la candidatura del señor Luiz Inácio Lula da Silva", declaró el juez Barroso. También, según las normas electorales, propuso un plazo de diez días al Partido de los Trabajadores (PT) para que reemplace a Lula como candidato presidencial, lo cual puede encumbrar a esa posición a Fernando Haddad, compañero de fórmula del ex mandatario.
Asimismo, subrayó que Lula no podrá aparecer en los espacios de propaganda política del PT en ningún medio, incluida la televisión, en la que la campaña de los candidatos presidenciales para las elecciones de octubre comienza este sábado.
Después de Barroso votó el juez Edson Fachin, quien se pronunció a favor de que se autorice la candidatura de Lula da Silva, bajo el argumento de que tiene el apoyo del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
"Debido a la medida provisional del Comité de Derechos Humanos, Lula tiene derecho a paralizar la decisión que niega el registro de su candidatura", dijo Fachin. "En vista de esto, se impone, en carácter provisional, reconocer el derecho de Lula, aún estando preso, a presentarse a las elecciones presidenciales de 2018", afirmó.
Luego fue el turno del juez Jorge Mussi, quien votó en contra y argumentó su decisión así: "La Ley de la Ficha Limpia, cuya constitucionalidad fue reconocida por el Supremo Tribunal Federal, representa mecanismo esencial de iniciativa popular para la protección de la probidad administrativa y de la moralidad para el ejercicio de mandato".
Og Fernandes, quien fue el cuarto en votar, lo hizo en contra de la validez de la candidatura. El magistrado subrayó que la Ficha Limpia tuvo el apoyo de millones de brasileños, y que la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU no tiene acción vinculante y que no está en juicio "la indiscutible popularidad política" de Lula.
De manera anticipada, el juez Admar Gonzaga definió la impugnación de Lula con con su voto (4-1). El magistrado dejó claro que la Justicia Electoral no está decidiendo "si la condena fue justa o injusta". "Cabe al STF deliberar al respecto", subrayó.
El equipo de abogados de Lula presentó un documento de 181 páginas ante la corte electoral apenas una hora antes del plazo máximo -que cumplía a las 23.59 hora local de este jueves- para responder a las 17 impugnaciones que ha recibido la candidatura del ex mandatario, entre ellas una de la Fiscalía General.
Una gran parte de la estrategia de defensa se basa en la decisión no vinculante que profirió hace dos semanas el citado comité de la ONU y en la que pidió a Brasil que se tomen "todas las medidas necesarias" para que Lula pueda ser candidato presidencial para las elecciones de octubre, aunque esté preso.
"La inelegibilidad del ex presidente Lula fue suspendida por la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", asegura la defensa del antiguo dirigente sindical, preso desde abril pasado para cumplir 12 años de cárcel por corrupción y virtualmente inhabilitado tras ser condenado en segunda instancia.
En este sentido, reafirmaron que Brasil está obligado a cumplir el dictamen del comité, a pesar de que se trata de un órgano formado por expertos independientes y cuyas decisiones no son vinculantes, como ya recordó el Gobierno brasileño recientemente.
Los abogados de Lula también criticaron en sus alegaciones que se "rotulase" el registro de su candidatura como una "mera artimaña" del ex presidente a sabiendas de su situación jurídica y se quejaron de la rapidez con que la Justicia juzga los procesos penales en su contra.
El Tribunal Superior Electoral convocó en la víspera una sesión extraordinaria para este viernes 31 de agosto en la que trata la viabilidad de la candidatura de Lula por el Partido de los Trabajadores (PT).
La audiencia de la corte se produce el mismo día en el que se inicia la propaganda electoral en radio y televisión, que para los candidatos presidenciales comenzará a emitirse apenas un día después, el sábado 1 de septiembre.
A pesar de su delicada situación y de estar en prisión, el PT registró a Lula como candidato en virtud de la fortaleza que ha venido mostrando en todos los sondeos de opinión divulgados hasta la fecha y que le otorgan cerca de un 40 % de las intenciones de voto.
Sin embargo, su candidatura está virtualmente anulada debido a normas que prohíben expresamente que condenados en segunda instancia, como es el caso de Lula, pueda presentarse a cualquier cargo electivo.
Con información de EFE
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