El Gobierno de Daniel Ortega estableció este viernes un plazo de dos horas a la representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (Oacnudh), para que abandone Nicaragua, informó el diario local La Prensa.
La decisión llega después de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señalara al Estado de Nicaragua como principal responsable de graves violaciones a los derechos de quienes participan en las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, incluidas ejecuciones extrajudiciales, en un informe que fue rechazado por el Ejecutivo sandinista.
Este miércoles la Acnudh emitió en Ginebra y Managua un informe en el que señala al Gobierno de Ortega por el "uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica", entre otras violaciones a los derechos humanos, contra cualquier persona que opine distinto al Ejecutivo.
También denuncia "la grave crisis de Derechos Humanos desde inicios de la protesta", que comenzaron el pasado 18 de abril, que "se ha caracterizado por múltiples formas de violencia y de represión, que ha dejado al menos 300 muertos y 2.000 heridos o afectados".
Asimismo, advierte que el Gobierno no ha reconocido ninguna responsabilidad por actos ilícitos o indebidos, sino que ha culpado a otros de la "violencia golpista".
En su informe, la Acnudh recomienda al Estado poner fin al hostigamiento, intimidación y criminalización de las personas asociadas a las protestas, desmantelar y desarmar a los elementos armados progubernamentales, parar las detenciones arbitrarias, y liberar a los manifestantes que se encuentran detenidos.
Desde abril pasado, miles de nicaragüenses han salido a las calles a protestar contra Ortega en el marco de una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos, según organismos humanitarios internacionales y locales, mientras el Gobierno reconoce 198 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
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