Amnistía Internacional denunció que el régimen cubano amplió la censura a internet y que persisten los arrestos de disidentes

Las "restricciones indebidas" al acceso y libertad de expresión en internet se han sumado a las formas tradicionales de censura en Cuba, donde persisten las detenciones arbitrarias y "hostigamiento" a las personas críticas con el Gobierno, según el informe 2017-2018 de Amnistía Internacional (AI).

El documento, difundido este jueves, resalta que la extensión de la censura al ámbito "online" debilita los avances del país en educación y menciona que un muestreo del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red detectó 41 sitios web bloqueados desde la isla, todos críticos y con contenidos sobre derechos humanos o técnicas para esquivar la censura.

Aunque la isla, el único país de América que mantiene vetado el acceso a AI, sigue "ampliando el acceso" a la red y ha reducido los precios de la conexión, el coste -un dólar la hora en los parques wifi- es aún "prohibitivo" para la mayoría de la población, cuyo salario medio mensual no llega a los 30 dólares.

La organización destaca asimismo que prosiguen en el país caribeño el "hostigamiento, intimidación y detención arbitraria" de activistas políticos y de derechos humanos, aunque las cifras son menores que en 2016.

Así, según datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional -único organismo que contabiliza estos incidentes dentro de la isla- en 2017 se registraron 5.155 detenciones arbitrarias frente a las 9.940 de 2016.

Entre los objetivos principales de la represión, AI cita a las Damas de Blanco, mujeres familiares de presos políticos.

El informe recuerda que el médico Eduardo Cardet, nombrado preso de conciencia por la organización y que sustituyó al fallecido disidente Osvaldo Payá al frente del Movimiento Cristiano de Liberación, cumple una condena de tres años impuesta en marzo por criticar en público a Fidel Castro.

Cita asimismo, entre otros, casos como los del grafitero Danilo Maldonado "El Sexto", que pasó dos meses en prisión por escribir "Se fue" en un muro de La Habana horas después de la muerte de Castro, y el del artista urbano Yulier Pérez, "detenido arbitrariamente tras meses de intimidación y acoso por parte de las autoridades por expresarse libremente a través de su arte".

"Las autoridades continuaban presentando cargos falsos por delitos comunes para hostigar y detener a representantes de la oposición política, lo cual significaba que había probablemente muchos más presos y presas de conciencia de los documentados", refiere el informe.

Los despidos "discriminatorios y por razones políticas" se recogen también en el documento, que recuerda que el Estado es aún el mayor empleador de Cuba y regula asimismo el incipiente sector privado, prerrogativas que utiliza para "reprimir hasta la crítica más sutil", reforzado por la ausencia de sindicatos independientes.

El texto subraya que, pese al deshielo con Estados Unidos, revertido ahora por la Administración de Donald Trump, persiste una alta tasa de migración de cubanos impulsada por los "excepcionalmente bajos" salarios y el "control de la libre expresión".

Ese giro bilateral alejó también un eventual levantamiento del embargo que EEUU mantiene sobre la isla y "que continuaba debilitando los derechos económicos, sociales y culturales".

Por último, el capítulo de Cuba recuerda que en 2017 se produjo la primera visita a la isla de una experta independiente de Naciones Unidas en derechos humanos, aunque sigue vetado "el acceso al país y a sus prisiones a la mayoría de las organizaciones independientes de derechos humanos".

El país tampoco ha ratificado los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2008) ni el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

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