El Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley que impide que condenados por delitos de corrupción, terrorismo, tráfico ilícito de drogas y violación sexual puedan ser candidatos a cargos públicos de elección popular, desde alcaldías hasta la Presidencia del país.
La norma, que recibió 93 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención, aceptó una observación del Ejecutivo que pidió en diciembre que se aplique sin ninguna excepción, incluso para aquellos que pudieran haber recibido un "indulto razonado".
El presidente del Congreso, Luis Galarreta, dispuso la aprobación inmediata del acta para que sea incluida en una separata extraordinaria del boletín de normas legales que fue publicada hoy mismo.
Esto, con el objetivo de que pueda aplicarse en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo y cuyo plazo para modificaciones reglamentarias se cierra mañana, con la convocatoria oficial a esos comicios.
La presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento Interno del Congreso, la fujimorista Ursula Letona, sustentó el dictamen que planteó que se acepte la observación del Ejecutivo, mientras que legisladores del Frente Amplio de izquierdas y el congresista Alberto de Belaunde, quien renunció hace dos semanas a la bancada oficialista, lo rechazaron.
De Belaunde y los representantes del Frente Amplio consideraron que se debía permitir la candidatura de personas que a fines del siglo XX recibieron el llamado "indulto razonado", que se les otorgó por supuestamente haber sido condenados injustamente por terrorismo.
La Asociación Civil Transparencia, que había alertado de la urgencia de su aprobación, saludó la nueva ley y manifestó "su voluntad de seguir aportando para profundizar y perfeccionar la reforma electoral" en el país.
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