
El nuevo toque de queda dispuesto por el Gobierno de Daniel Noboa para cuatro provincias de Ecuador vuelve a poner bajo presión a bares, discotecas y otros negocios vinculados al entretenimiento nocturno. La medida regirá entre las 00:00 y las 05:00 desde el 17 hasta el 30 de septiembre en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, como parte de una estrategia de seguridad destinada a facilitar las operaciones de las fuerzas del orden contra organizaciones criminales.
La restricción será aplicada durante 14 días y representa el tercer período de toque de queda implementado en Ecuador durante 2026. El Gobierno sostiene que la reducción de la circulación durante la madrugada permitirá intensificar los operativos del Bloque de Seguridad, integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
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Para el sector nocturno, sin embargo, las cinco horas de restricción coinciden con una parte fundamental de su jornada comercial. En Guayaquil, representantes de los centros de diversión nocturna señalan que la mayor actividad comienza después de las 23:00, por lo que el cierre obligatorio a medianoche implica perder precisamente las horas en las que se concentra una parte importante del consumo.

En la ciudad existen 284 bares y discotecas agremiados. El sector calcula que durante los anteriores períodos de toque de queda sus ingresos disminuyeron alrededor de 50 % y estima en unos USD 600.000 las pérdidas ocasionadas por cada una de esas medidas. Se trata de cálculos proporcionados por representantes gremiales y no de una medición oficial de las pérdidas económicas.
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Los empresarios también advierten sobre el impacto laboral. La reducción de las horas de funcionamiento afecta a meseros, personal de seguridad, cocineros, DJ, trabajadores de logística y otros empleados que dependen de jornadas nocturnas o reciben pagos por hora o por día. Un trabajador citado por medios locales señaló que algunos establecimientos redujeron aproximadamente 15 % de su personal durante las restricciones anteriores.
La preocupación se extiende a otros sectores relacionados con la actividad nocturna. Restaurantes, proveedores, artistas, vendedores y trabajadores vinculados con eventos también pueden registrar una disminución de ingresos cuando los clientes deben abandonar los establecimientos antes de la medianoche.
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El antecedente más reciente ocurrió en mayo, cuando el Gobierno aplicó un toque de queda durante 15 días en nueve provincias y cuatro cantones. En aquella ocasión, restaurantes, bares y discotecas reportaron disminuciones de ventas que, en determinados establecimientos, llegaron al 60 % u 80 %. La Confederación de Restaurantes del Ecuador había calculado entonces una reducción promedio de alrededor de 40 % para los negocios afectados.

La situación resulta especialmente delicada en Los Ríos. Representantes del sector sostienen que entre 700 y 800 negocios han cerrado durante los últimos dos años. La cifra engloba establecimientos afectados por la inseguridad y por las distintas restricciones implementadas durante ese período, por lo que no puede atribuirse exclusivamente a los toques de queda.
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En Manabí, los empresarios también han reportado reducciones de hasta 50 % en la actividad durante períodos de restricciones nocturnas.
La nueva medida además coincide con actividades que tradicionalmente generan movimiento económico durante la noche. En Guayas hay conciertos programados durante el período de restricción. En Machala, provincia de El Oro, el toque de queda coincide con la Feria Mundial del Banano y la elección de la Reina, previstas para el 17 y 18 de septiembre. Los organizadores deberán adaptar los horarios para evitar que los asistentes permanezcan en las calles después de la medianoche.

Los representantes del sector no plantean necesariamente eliminar la medida de seguridad. Su principal pedido es que las restricciones sean focalizadas territorialmente y se concentren en las zonas donde las autoridades identifiquen mayores niveles de violencia, en lugar de afectar de manera uniforme a toda una provincia.
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El Gobierno, por su parte, mantiene que el objetivo principal es combatir al crimen organizado y facilitar el despliegue de las fuerzas de seguridad durante las horas de menor circulación. La decisión se produce después de nuevas coordinaciones entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad y pocos días después de la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
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