La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a prisión a cuatro oficiales retirados del Ejército chileno, ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por el secuestro calificado de una joven opositora en 1974, informaron el miércoles fuentes judiciales.
María Angélica Andreoli Bravo, la víctima, era secretaria y estudiante universitaria de Nutrición y Dietética y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) cuando fue detenida en su domicilio por agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de la dictadura el 6 de agosto de 1974.
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Al año siguiente, su nombre fue incluido en la Operación Colombo, un montaje con la DINA para encubrir la desaparición de 119 opositores, que incluyó la colaboración de las dictaduras de Argentina y Brasil para difundir que se trataba de terroristas muertos en purgas internas del MIR.
La prensa chilena, controlada por la dictadura, se hizo eco de la versión, publicada en revistas apócrifas de Argentina y Brasil y la reprodujo bajo titulares como "Exterminados como ratones".
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Como autores del crimen, la VI Sala el tribunal de alzada santiaguino condenó en un fallo unánime , a trece años de prisión, al general Raúl Iturriaga Neumann y a los brigadieres Pedro Espinoza y Miguel Krasnoff Martchenko, y a diez años al general César Manríquez Bravo.
No obstante, el tribunal absolvió por insuficiencia de pruebas o de evidencias que acreditaran su participación, a otros 72 antiguos agentes que habían sido procesados y condenados en primera instancia por el juez especial Hernán Crisosto.
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Durante la investigación, el juez pudo establecer que tras ser detenida, María Angélica Andreoli Bravo fue conducida al centro de torturas y exterminio "Londres 38", situado en pleno centro de Santiago, donde prisioneros supervivientes declararon haberla visto, escuchado o hablado con ella por al menos 20 días después de su detención.
También fue encerrada y torturada en la Villa Grimaldi, otra cárcel clandestina de la DINA.
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Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.
(Con información de EFE)
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