Un tribunal superior confirmó el miércoles la sentencia de 30 años de prisión para Teodora del Carmen Vásquez, una salvadoreña de 34 años que dice haber tenido un aborto espontaneo, pero que fue juzgada y condenada por homicidio agravado.
La mujer y sus abogados sostienen que ella tuvo un aborto inesperado y que su hija nació muerta, pero sus alegatos no lograron cambiar la sentencia. Los jueces dijeron que los testigos de la defensa no pudieron desvirtuar el peritaje del médico que presentó la Fiscalía General.
El médico forense, Alfredo Adolfo Romero Díaz, que practicó la autopsia, aseguró ante los jueces que después de hacer todos los exámenes, "concluyó que nació viva y después falleció debido a una asfixia".
En contraste, el médico guatemalteco José Mario Nájera Ochoa, testigo de la defensa que analizó el reporte de la autopsia, sostuvo que no había pruebas contundentes que indicaran que haya respirado -"No había agua en sus pulmones, no había evidencia de trauma"– y afirmó que la niña nació sin vida.
El incidente ocurrió el 13 de julio de 2007 en el lugar donde Teodora trabajaba como empleada doméstica. Ella cuenta que sintió dolores de parto y llamó a los servicios médicos de emergencia para que la trasladaran a un hospital pero cuando esperaba fue al baño y se desmayó. Al recuperar el conocimiento sangraba profusamente y la niña estaba muerta.
Teodora fue encontrada culpable del asesinato de su hija en febrero de 2008.
Al iniciar la audiencia del miércoles, Teodora dijo estar confiada en que el tribunal rectificaría el "error" de sentenciarla a 30 años de cárcel, "porque yo no soy culpable, yo no la maté".
Al concluir la audiencia, la mujer se negó a hablar con los periodistas. Fue esposada y elementos de seguridad la llevaron de nuevo a la cárcel donde deberá de cumplir la sentencia.
De inmediato, Amnistía Internacional criticó la decisión de los jueces y afirmó que "es un escandaloso paso hacia atrás por la justicia".
"La trágica historia de Teodora es una triste imagen de lo que está mal con el sistema de justicia en El Salvador, donde los derechos humanos parecen ser un concepto extraño", dijo Erika Guevara Rosas, directora de América de Amnistía Internacional, a través de un comunicado.
A su vez, el Colectivo Feminista de El Salvador, una organización no gubernamental que defiende los derechos de las mujeres, publicó en su cuenta de Twitter que "Teodora sigue siendo víctima de la violencia y ensañamiento judicial".
"Falta justicia para la mujer en El Salvador, rechazamos la decisión de los jueces que integran el Tribunal Segundo de Sentencia", se agregó.
De acuerdo con cifras del colectivo feminista, cada año hay más de 25.000 mujeres embarazadas después de sufrir violaciones. Sin embargo, junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana, El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones.
La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y de realizarlo, tanto las mujeres como los médicos serían juzgados en los tribunales de justicia. De ser culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años.
No obstante, en casos como el de Teodora, si el delito se cambia a homicidio agravado —aquel provocado en razón de parentesco de la víctima y el victimario— estas mujeres pueden ser condenadas entre 30 y 50 años de cárcel.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, ha señalado que en El Salvador las mujeres procesadas por abortos son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras ambulantes.
Marcos Alemán para Associated Press
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