
La negociación para definir el salario mínimo de Colombia en 2027 abrirá una discusión entre quienes proponen un incremento cercano al 8%, con base en inflación y productividad, y quienes anticipan una decisión por encima del 10% debido a las presiones políticas y sindicales.
Uno de los retos iniciales de la ministra de Trabajo, Natalia López, será encabezar la mesa de concertación salarial. El proceso llega después de un aumento elevado para 2026 y en medio de un litigio ante el Consejo de Estado sobre el decreto que fijó ese ajuste.
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La posición del actual Ministerio de Trabajo apunta a retomar variables económicas para la negociación. La inflación y la productividad volverían a ocupar el centro de la fórmula, mientras el concepto de salario mínimo vital quedaría fuera de la discusión oficial.
Analistas calcularon que la fórmula técnica llevaría el ajuste al 8%

Los economistas del Banco de Bogotá, citados por Semana, consideran que un incremento estrictamente técnico sería del 8%, a partir de una inflación prevista en 6,8% y una productividad estimada en 1,2%.
La entidad financiera prevé, de todos modos, que la decisión final alcance el 8,5%. Bajo esa hipótesis, el salario mínimo ascendería a cerca de $ 1,89 millones mensuales, sin auxilio de transporte.
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La diferencia entre el cálculo técnico y el resultado final dependerá de la negociación entre Gobierno, centrales obreras y empleadores. Los sindicatos podrían cuestionar una variación muy inferior a la aplicada para 2026, aun cuando el incremento mantenga una mejora nominal para los trabajadores.
El abogado laboralista Camilo Cuervo sostuvo que una subida menor a la del año anterior no equivale a una reducción salarial. “Una cosa es no subir y otra cosa es bajar, y aquí no va a haber ninguna disminución”, afirmó al medio citado.
Los sindicatos mantienen el salario vital como argumento para pedir una cifra mayor

El debate también incluye el alcance del salario mínimo vital, una noción promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para los sindicatos, el concepto respalda aspiraciones de aumento que incluso superan el 23% aplicado en 2026.
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Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo de la Universidad Externado de Colombia, advirtió que esa referencia debe evaluarse frente a las condiciones económicas y la productividad laboral del país.
El economista señaló que la OIT plantea la necesidad de equilibrar las expectativas de los trabajadores con la capacidad de la economía. En ese sentido, sostuvo que el salario vital no debe interpretarse como un parámetro automático para definir el incremento anual.
“Nunca ha dicho que haya que adoptar el salario vital como sea, tal como anunciaba el Gobierno anterior”, expresó el directivo a Semana.
Desde el Ministerio de Trabajo ya descartaron que ese concepto integre formalmente la negociación de 2027. La discusión se concentraría en los indicadores de precios y productividad, aunque las centrales obreras podrían mantenerlo dentro de sus argumentos.
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El proceso judicial sobre el aumento de 2026 podría influir en la negociación

La definición salarial tendrá como antecedente el proceso contra el Decreto 1469 de 2025, con el cual se fijó el salario mínimo de 2026 en $1.750.905.
En febrero, el Consejo de Estado suspendió de forma provisional esa norma. La medida llevó al Ejecutivo a expedir el Decreto 159 de 2026, que preservó el mismo aumento mientras el alto tribunal adopta una decisión de fondo.
Cuervo considera probable que el Consejo de Estado anule el decreto original. Según su análisis, una eventual decisión no afectaría los salarios que ya fueron pagados ni los derechos adquiridos por los trabajadores.
El efecto sería principalmente político. Una anulación podría reforzar las críticas contra el procedimiento aplicado para definir el ajuste anterior, justo cuando el Gobierno inicie la negociación del salario mínimo para 2027.
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Los expertos ven margen para que el aumento supere el 10%

Aunque la fórmula económica arroja una cifra próxima al 8%, Cuervo no descarta que el aumento termine por encima del 10%. El abogado considera que el Gobierno puede inclinarse por una decisión con mayor impacto entre los trabajadores, pese a los reparos sobre sus efectos en costos laborales, empleo formal e inflación.
El Banco de Bogotá también reconoce la incidencia política en la discusión. Sus economistas recuerdan que los primeros incrementos salariales de un gobierno suelen ser menores que los definidos hacia el final de cada administración.
La negociación de fin de año mostrará si el Ejecutivo sostiene un criterio basado en inflación y productividad o si el salario mínimo vuelve a ser una de las decisiones económicas con mayor contenido político en Colombia.
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