El Congreso de Guatemala cambió el Código Penal para blindar a Jimmy Morales frente a las acusaciones de corrupción

Días después de impedir que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, fuera investigado por financiación electoral ilícita, el Congreso modificó de forma sorpresiva el Código Penal para blindar a los directivos de los partidos de ser castigados por ese delito.

Mediante dos "mociones privilegiadas" presentadas inesperadamente, el pleno aprobó esa y otra modificación al Código Penal que aumenta de cinco a diez años la pena máxima que puede ser beneficiada con una conmutación, lo que implica que más personas podrán pagar una multa en vez de ir a prisión.

El primer proyecto fue promovido, entre otros, por los diputados Javier Hernández, del gobernante Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y Orlando Blanco, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien tiene activo un trámite de antejuicio (con miras a pérdida de inmunidad) en la Corte Suprema de Justicia precisamente por el delito de financiación electoral ilícita.

Con una votación de 107 a favor y 16 en contra, el Congreso modificó el artículo 407 del Código Penal que contemplaba anteriormente que toda persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados a actividades permanentes, de campañas y eventos electorales, podría ser sancionada.

Pero con la reforma, ahora eso únicamente recaerá sobre los contadores de las organizaciones políticas.

La reforma legislativa ocurre en medio de una semana que ha sido crucial para Morales, ya que el mismo Congreso le liberó de perder su inmunidad para que fuera investigado por financiación electoral ilícita, como le acusó la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) porque su partido supuestamente ocultó a la autoridad electoral unos 900.000 dólares cuando él era su secretario general.

Con la reforma aprobada, solo cometerá el delito de financiación electoral ilícita "quien reciba o proporcione recursos (…) a sabiendas de que dichos aportes provienen del narcotráfico u otras actividades del crimen organizado".

El Congreso también aprobó conmutar las penas de cárcel de hasta diez años al introducir la otra reforma al Código Penal.

Quedó establecido que no se conmutarán penas a "reincidentes y delincuentes habituales", por "su peligrosidad social", y a los condenados por defraudación tributaria, aduanera, contrabando aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia a la fiscalización tributaria.

La medida podría beneficiar a ex gobernantes, ex funcionarios y empresarios que se encuentran en prisión preventiva por casos destapados desde 2015 por la Fiscalía y la Cicig, como el de "La Línea", una millonaria defraudación tributaria supuestamente encabezada por el ex presidente Otto Pérez Molina (2012-2015), quien renunció tras perder el fuero en el Congreso para enfrentar a la Justicia.

Las primeras críticas a las reformas llegaron, entre otros, de la Embajada de Estados Unidos, que expresó en redes sociales que para este Congreso ni escuelas, carreteras ni hospitales eran de "urgencia nacional", en contraste con la rapidez de la modificación al delito de financiación electoral ilícita.

La activista de derechos humanos Helen Mack y el abogado constitucionalista Alfonso Carrillo presentaron este mismo miércoles amparos ante la Corte de Constitucionalidad basados en el "derecho a que los funcionarios públicos se sujeten en ley".

La diputada opositora y líder del partido Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro, dijo estar "sorprendida" por las mociones presentadas como "urgentes" porque "nunca se habló (antes) de los temas que hoy se están aprobando".

Manifestantes de diversas organizaciones sociales guatemaltecas se presentaron a las afueras del Organismo Legislativo para rechazar las reformas aprobadas por los diputados.

"Hoy Guatemala muere de hambre mientras las mafias saquean al país", se leía en una de las pancartas que exhibieron.

Las reformas que son interpretadas como medidas de protección para los corruptos llegan un día después de que la revelación del salario y una bonificación extraordinaria que recibe el presidente dejara en estupor a los guatemaltecos.

A su sueldo de unos 20.500 dólares mensuales, Morales suma cada mes unos 6.800 dólares que le conceden las Fuerzas Armadas por su cargo de comandante general, una cifra escandalosa en un país donde la pobreza que afecta al 57 % de los habitantes y los trabajadores reciben un salario mínimo mensual de 396 dólares.

(Con información de EFE)

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