En su último informe mensual, la Comisión indica que, de los 70 presos por esas causas en abril de 2016, ahora hay al menos 140 "condenados o procesados por motivos políticos o internados bajo condicionamientos políticos", 54 de ellos miembros de la disidente Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
La CCDHRN registró el pasado abril 475 detenciones arbitrarias por motivos políticos, 43 más que en marzo, 11 agresiones físicas, 9 casos de hostigamiento y 2 actos de repudio.
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Aunque no aparece en el cómputo mensual, referido a abril, permanece detenido desde el pasado primero de mayo el opositor Daniel Llorente, acusado de "desorden público y resistencia" a la autoridad, tras enarbolar la bandera de Estados Unidos al inicio del desfile por el Día del Trabajo en la Plaza de la Revolución de La Habana.
De acuerdo a sus conclusiones, en el último año el régimen evita las detenciones políticas y utiliza la "represión preventiva", que está "más extendida", es "más selectiva" y "menos ruidosa".
Esa represión se manifiesta bajo "amenazas policiales" y otras "acciones intimidatorias sistemáticas", como las prohibiciones para viajar dentro de Cuba o al extranjero, los registros domiciliarios, las confiscaciones arbitrarias de materiales, medios de trabajo y dinero, el espionaje y las campañas difamatorias, así como las multas abusivas y desproporcionadas.
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El informe recuerda los casos de la profesora Dalila Rodríguez y la estudiante Karla Pérez, expulsadas por "motivos claramente políticos" de la Universidad de Santa Clara (centro del país), en "acciones represivas separadas" ocurridas también en abril.
A ello se suma el caso del Centro de Información Legal Cubalex, que daba asesoría legal a personas privadas de libertad en Cuba, liderado por la abogada Laritza Diversent, quien obtuvo asilo político en Estados Unidos la semana pasada junto a miembros de su equipo por "falta de seguridad" en la isla, según explicó a Efe.
Diversent aseguró que la decisión de abandonar el país se empezó a gestar tras el allanamiento que sufrió en septiembre la sede de Cubalex, a la que las autoridades cubanas acusaban a la organización de realizar una "actividad económica ilícita".
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El Gobierno cubano considera a los disidentes "contrarrevolucionarios" y "mercenarios"; tampoco registra oficialmente a ningún preso político en sus cárceles, ya que aduce que se trata de presos por delitos comunes.
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