Los escabrosos testimonios de pedofilia y abusos sexuales del grupo católico Sodalicio en Perú

Luis Figari, fundador del Sodalicio en 1971, durante más de 30 años abusó sexualmente de jóvenes que reclutaba de colegios privados de clase alta y los llevaba a vivir en comunidad como "soldados de Cristo". Sus delitos también fueron replicados por otros líderes, según detalla el informe interno encargado por la organización tras las denuncias ante la justicia, con crudos testimonios sobre cómo obligaban a sus víctimas a desnudarse, tocarse y besar los genitales.

Causó indignación la decisión del papa Francisco de simplemente trasladar a Figari a una residencia en Roma e instarlo a no volver a Perú a menos que la Justicia lo obligue, ni hablar con medios de comunicación. Las primeras denuncias, confidenciales, surgieron en 2011, pero la Iglesia dejó pasar años antes de tomar cartas en el asunto.

Según el informe, Figari agredió sexualmente de un chico de 15 años en repetidas ocasiones, y también abusó de seis adultos entre 1975 y 1991, aunque existe un testigo que relató abusos a otro menor, cuyo testimonio no pudo ser recogido. A su vez, los abusos de la institución continuaron hasta 2009.

El actual superior general del Sodalicio, Alessandro Moroni, identificó este lunes a los agresores como el fallecido Germán Doig, el funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Virgilio Levaggi y Jeffrey Daniels, pero mantuvo en reserva los nombres de otros cuatro implicados.

"No tenía a quién acudir cuando me di cuenta de que Figari estaba abusando sexualmente de mí. Yo era joven y él era demasiado importante y poderoso como para acusarlo. He vivido con esta experiencia por más de treinta años. No desaparece", relata una de las víctimas, abusada cuando tenía 15 años, quien destacó que el encargado usó la primera experiencia para presionar a los jóvenes a que sigan cumpliendo sus órdenes.

Figari también les indicaba que le besaran el pene, que filmaran a otros integrantes en ropa interior y que colocaran sus manos en sus genitales, y llamaba repetidamente "maricón" a sus acompañantes para hacerlos dudar de su orientación sexual, entre otros abusos físicos y psicológicos.

Otra víctima señaló que eran obligados a ver con él material adulto. "Figari me llevó a su dormitorio y me mostró pornografía de hombres desnudos. Esto fue aproximadamente en 1978. Por esos años, otro hermano me contó que él de vez en cuando llevaba a Figari a tiendas para que Figari pudiera comprar pornografía", detalló.

Por su parte, Doig abusó entre 1983 y 2000 de cinco chicos y una chica menores de edad, además de tres adultos; mientras que Levaggi agredió sexualmente a un menor y a dos adultos entre 1977 y 1987.

"Después de estar con él (Germán Doig) yo llegaba a casa a llorar. No entendía lo que me estaba ocurriendo, sentía confusión, incomodidad, suciedad y culpa, pero a la vez era mi dependencia de él la que me hacía sentirme sin posibilidad de hacer algo al respecto", relata un testimonio.

El caso más grave es el de Daniels, quien cometió abusos sexuales a doce varones menores entre 1985 y 1997.

Una víctima detalló la tortura que vivió a su lado y que todavía sufre: "Cuando yo tenía 14 años de edad, se volvió cada vez más amistoso conmigo y me daba el afecto que yo no recibía de mi familia. Sus afectos se volvieron sexuales. Yo pensé que había sido elegido por el diablo para brindarle servicios sexuales a este hombre. Ahora me vienen recuerdos recurrentes".

Reconocida por Juan Pablo II en 1997 como una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio, esta agrupación liderada fue denunciada ante la Justicia en 2016, pero el caso fue archivado por la antigüedad de los hechos y la dificultad para confirmarlos. El movimiento se expandió a Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador e Italia.

Este martes, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, Ana María Romero Lozada, pidió a la Fiscalía que reabra la investigación. En sintonía se expresó el congresista oficialista Alberto de Belaúnde, al afirmar que el informe requiere la apertura de una pesquisa en el Parlamento.

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