El multimillonario cubanoamericano Jorge Mas le dijo al presidente Donald Trump que reunir los USD 90,000 millones que estima necesarios para reconstruir Cuba durante los primeros tres años de una transición política sería “pan comido” para los empresarios de su comunidad. La revelación, publicada este lunes por The Wall Street Journal, diario estadounidense, expone la escala de los planes que un grupo de exiliados adinerados y políticamente conectados lleva meses diseñando en Miami.
La pregunta la formuló el propio Trump. Mas —presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana, la organización de cabildeo fundada por su padre, Jorge Mas Canosa, y copropietario del Inter Miami CF— respondió que la inversión privada del exilio podría cubrir esa cifra si existieran las condiciones legales y políticas para hacerlo.
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Los planes toman forma en mansiones frente a la bahía de Biscayne
Las reuniones no ocurren en oficinas corporativas. Según el reportaje del The Wall Street Journal, uno de los encuentros tuvo lugar en una amplia mansión frente a la bahía de Biscayne, donde Juan Omar Sixto, de 82 años y ex cultivador de tabaco, convocó a su grupo con una frase: “Hemos esperado 67 años. Tenemos que empezar”.
Sixto preside la recién creada Cámara Nacional de Comercio Cubanoamericana y lidera el diseño de dos iniciativas concretas: la creación de una bolsa de valores en La Habana y la organización de una cumbre de inversión en la capital cubana para atraer grandes corporaciones, bancos y fondos de capital.
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El arquitecto Willy Bermello —quien diseñó la propuesta de biblioteca presidencial de Trump en Miami— conduce cada dos semanas videoconferencias con ejecutivos de aerolíneas, empresas de gestión aeroportuaria y fondos de inversión.
El objetivo es un plan de renovación de ocho aeropuertos cubanos valuado en USD 8,000 millones, un proyecto que, según Bermello, se financiaría con sus propios retornos.
Un borrador legal y un gobierno provisional de hasta dos años
Mas trabaja en paralelo con la Asociación de Abogados Cubanoamericanos de Miami en un proyecto de ley de transición. El borrador en circulación contempla un gobierno provisional con un plazo de hasta dos años para organizar elecciones libres.
Un grupo separado debate si durante ese período debería restaurarse temporalmente la Constitución cubana de 1940, mientras se redacta una nueva carta magna.
Estas discusiones coexisten con propuestas sobre cómo tramitar las reclamaciones de propiedades confiscadas por el régimen, un asunto que involucra a abogados, herederos de familias expropiadas y a empresas estadounidenses con activos históricos en la isla.
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El contexto político aceleró los preparativos. Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, Trump declaró en reiteradas ocasiones que “Cuba es la próxima” y planteó la posibilidad de lo que denominó una “toma de control amistosa” de la isla. En febrero afirmó que el gobierno cubano estaba “en grandes problemas” y negociando con Washington; La Habana desmintió que existieran conversaciones de alto nivel.
La crisis eléctrica presiona los tiempos del exilio
La urgencia de los planes tiene un correlato físico en la isla. El 18 de septiembre la red eléctrica cubana colapsó nuevamente, según informó Reuters, agencia de noticias internacional, en lo que fue al menos el sexto fallo parcial o total desde enero. Algunas zonas registraron cortes superiores a las 30 horas continuas.
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Las plantas generadoras envejecidas, la red de transmisión deteriorada y la escasez de combustible sostienen esa fragilidad estructural. Las restricciones de la administración Trump al suministro de petróleo han agravado el cuadro, mientras expertos de la Organización de las Naciones Unidas advirtieron que esas medidas empeoran las condiciones de la población civil.
Frente a ese escenario, los ingenieros convocados por los grupos de Miami analizan plantas flotantes de generación como solución de emergencia, junto con intervenciones en subestaciones, líneas de transmisión, almacenamiento energético, redes de agua, viviendas y hospitales.
La voz ausente: los cubanos que viven en Cuba
El reportaje del The Wall Street Journal, recogido también por Periódico Cubano, señala una tensión de fondo que los propios organizadores no resuelven: la población residente en Cuba está prácticamente ausente de estas deliberaciones.
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Más de un millón de personas abandonaron el país desde 2021, muchas de ellas jóvenes. Dentro de la isla no existen organizaciones opositoras con reconocimiento legal capaces de participar abiertamente en el diseño de una transición.
Sixto anunció que planea reclutar voluntarios cubanoamericanos para enseñar a los residentes “las formas del capitalismo moderno”, una declaración que también formuló con comentarios despectivos sobre la preparación de quienes viven en Cuba y que ya generó cuestionamientos sobre quién tendría legitimidad para decidir el futuro del país.
La pregunta sobre los beneficiarios de la reconstrucción no es solo simbólica. Una investigación de The Guardian, diario británico, identificó una competencia paralela entre inversores vinculados a Trump que buscan posicionarse en los sectores energético, minero, hotelero, naviero e inmobiliario de Cuba.
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El mismo reportaje describió reuniones discretas en La Habana entre ejecutivos de la Organización Trump y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, para explorar oportunidades en el sector hotelero tras la salida de cadenas españolas. No se ha confirmado públicamente la firma de acuerdos derivados de esos contactos.
Planes reales, pero condicionados a un cambio que aún no ocurrió
Toda la arquitectura diseñada en Miami —la bolsa, los aeropuertos, el gobierno provisional, la ley de transición— descansa sobre una condición que ninguno de sus promotores controla: un cambio político en La Habana.
El régimen comunista permanece en el poder. No hay transición en marcha ni garantía de que se produzca. Los planes reflejan la preparación y las expectativas de sectores influyentes del exilio, pero su viabilidad depende también del consentimiento de los cubanos dentro de la isla y de la construcción de garantías legales que impidan la corrupción, las apropiaciones privilegiadas y una nueva concentración de la riqueza en pocas manos, advierten los propios analistas que siguen el proceso.
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La administración Trump, según el The Wall Street Journal, mira hacia Miami en busca de ideas, respaldo político y capital privado. Por ahora, lo que existe es un ecosistema de reuniones, borradores y expectativas que aguarda el detonante que ningún plan puede programar.
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