
Desde comienzo de 2017, decenas de prisioneros en Brasil murieron a raíz de los sangrientos enfrentamientos que mantuvieron —y mantienen— las dos principales bandas criminales del país: el Primer Comando de la Capital (PCC), originario de San Pablo, y el Comando Vermelho (CV), de Río de Janeiro.
Desde el primer motín, ocurrido el pasado 2 de enero en la cárcel de Manaos, la situación se volvió crítica. Nuevos enfrentamientos se sucedieron en diferentes ciudades del país y han dejado un saldo de cientos de muertos —muchos de ellos, decapitados—.
Ante esta compleja situación, el presidente Michel Temer recibió el asesoramiento de Sergio Etchegoyen, primer ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, quien comandó la reacción del gobierno de Brasil ante los motines de las mafias del país.

En una reunión en la que también participaron otros ministros, como Alvorada Palace Eliseu Padilha (Casa Civil), Raul Jungmann (Defensa), el secretario Moreira Franco, y el secretario Ejecutivo de la Secretaría, Levi Mello do Amaral; Etchegoyen le remarcó al presidente la necesidad de cambiar el foco del debate en Brasil.
El general brasileño advirtió que sería imprescindible, a partir de ese momento, que el tema ya no sea tratado como un simple caos en las prisiones, sino que sea abordado como un problema de seguridad nacional.
Desde que el ministro tomó el control de la situación, Temer mantuvo a diario una reunión informativa con él con los informes proporcionados por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN).
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Etchegoyen ordenó a la agencia formar un equipo técnico para investigar específicamente los movimientos del PCC y el CV, consigna el portal Defensa Net.
También exigió que se vigile la situación carcelaria en el país y las relaciones de esas dos mafias con grupos criminales de otros países.
Temer cayó en cuenta de la gravedad de la situación tras a las advertencias de Etchegoyen, quien rápidamente actuó para desbaratar los motines en las cárceles de Brasil.
Esta crisis carcelaria dejó al descubierto el ineficiente control que había ante la expansión y las actividades de los grupos criminales que se disputan el control del tráfico de drogas en el país.
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