
La sangrienta masacre iniciada la tarde del domingo en una cárcel de Manaos volvió a poner de manifiesto el brutal enfrentamiento de las organizaciones criminales de Brasil, que luchan por el control de las instalaciones y el manejo de las actividades delictivas.
Las decenas de muertes, con mutilaciones, quemaduras y decapitaciones, ocurrieron por una batalla entre el Primer Comando de la Capital (PCC), asentado principalmente en San Pablo, pero con presencia en 22 de 27 estados de Brasil, y la Familia del Norte (FDN), organización traficante basada en Amazonas. Pese a ser una organización sin escala nacional, es aliada del poderoso Comando Vermelho (rojo en portugués), creado en 1979 en Río de Janeiro.
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"Todo indica que fue un ataque de una facción mayor contra una menor para eliminar la competencia", señaló el secretario de Seguridad Pública de la Amazonía, Sergio Fontes.

Luego de décadas de entendimiento e incluso zonas de alianza, la tensión entre el PCC y el CV había llegado a niveles críticos en los últimos meses en las cárceles del noreste, una región fundamental para el narcotráfico y el contrabando, por su cercanía a países productores de cocaína y a los escasos controles de Venezuela. Sin embargo, el Comando Vermelho había perdido su participación en estas rutas en los últimos años luego del encarcelamiento de algunos de sus líderes, tras años de comercio con las guerrillas colombianas.
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En octubre, en la prisión de Roraima (cerca de Venezuela), integrantes del PCC invadieron los sectores destinados a los presos del Comando Vermelho y mataron a 10 integrantes (siete carbonizados y tres decapitados) de su ex aliado y el FDN. Un día después, como una muestra de la ola expansiva de la rivalidad, ocho presos murieron en una nueva disputa criminal en una prisión del estado de Rondonia.

Compaj, sitio de la matanza del lunes, es dominado en la actualidad por la FDN, y los detenidos del PCC son minoría. Un líder de la Familia, José Roberto Fernandes Barbosa, conocido como "Messi", se había reunido con las autoridades para exigir que acabasen con el área reservada al PCC, a cambio de un plazo de "tregua" en las calles de la región, según documentos a los que accedió el diario El País. Su acuerdo no llegó a concretarse, lo que desembocó en una nueva matanza.
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Brasil tiene la cuarta mayor población penal del mundo, detrás de Estados Unidos, China y Rusia, según el documento. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han alertado varias veces sobre las deplorables condiciones de los presidios en Brasil.
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