423 mil personas, víctimas del desplazamiento interno en Honduras según nueva encuesta oficial

El desplazamiento interno por violencia continúa marcando la realidad de miles de familias en Honduras. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM 2024) y presentados en Tegucigalpa por el Instituto Nacional de Estadística (INE), al menos 423,845 personas, equivalentes al 4.5% de la población, han tenido que abandonar sus hogares en algún momento de sus vidas debido a situaciones de violencia.

El estudio, elaborado con el respaldo de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Centro Conjunto de Datos sobre Desplazamiento Forzado del Banco Mundial y ACNUR, incorpora por primera vez indicadores oficiales sobre este fenómeno en la estadística nacional.

La investigación, basada en una muestra representativa de 6,487 hogares y más de 24 mil personas, se desarrolló entre junio y agosto de 2024 en el Distrito Central, San Pedro Sula y diversas zonas urbanas y rurales del país. Los hallazgos dimensionan la magnitud del problema y permiten identificar patrones clave para orientar políticas públicas.

Mujeres las más desplazadas

Uno de los datos destacados es la afectación diferenciada por género: el 55% de las personas desplazadas son mujeres, lo que evidencia una mayor exposición a contextos de violencia y vulnerabilidad. Asimismo, el 38% de la población desplazada corresponde a jóvenes entre 15 y 34 años.

La niñez también enfrenta esta problemática. El informe señala que el 11% de las personas desplazadas son niñas, niños y adolescentes menores de 14 años, quienes corren riesgos como el reclutamiento forzado por grupos criminales o el desplazamiento a causa de amenazas contra sus familias.

El estudio resalta que una fracción importante de la población afectada ha experimentado una doble condición de vulnerabilidad, al ser desplazada tanto por la violencia como por desastres naturales, lo que agrava su situación socioeconómica y limita sus oportunidades de recuperación.

En el plano geográfico, el fenómeno se concentra en áreas urbanas, especialmente en el Distrito Central y San Pedro Sula, donde los niveles de violencia e inseguridad son más elevados. Durante la presentación, el director ejecutivo del INE, Rony Pacheco, enfatizó que la incorporación de estos indicadores representa “un acto de justicia social”, ya que visibiliza una realidad que durante años permaneció subestimada.

¿Respuesta gubernamental?

La Secretaría de Derechos Humanos subrayó que los resultados servirán como base para fortalecer la respuesta institucional, alineándose con la implementación de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente. La institución reiteró su compromiso de coordinar acciones con otros entes del Estado, la cooperación internacional y la sociedad civil.

Desde ACNUR, su representante en Honduras, Kathryn Lo, destacó que detrás de cada cifra hay historias de vida marcadas por la pérdida y el desarraigo, y reconoció los avances del país ante este desafío.

El informe también propone recomendaciones clave: consolidar el Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado Interno, avanzar en una política nacional de prevención, ampliar los mecanismos de protección comunitaria y generar espacios seguros, especialmente para la niñez y la juventud.

Resalta, además, la necesidad de garantizar derechos fundamentales como el acceso a vivienda, tierra y propiedad, elementos esenciales para que las personas desplazadas puedan reconstruir sus vidas en condiciones de seguridad, estabilidad y dignidad.