
El narcotraficante uruguayo Luis Fernández Albín, extraditado en diciembre desde Argentina a Uruguay, fue condenado este jueves en Uruguay a 10 años y tres meses de cárcel, según informó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.
Fernández Albín fue sentenciado por los siguientes delitos: organización de las actividades del narcotráfico, contrabando, lavado de activos y tráfico interno de armas de fuego, todos en régimen de reiteración real.
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Fernández Albín llegó a Uruguay desde Argentina tras un fuerte operativo de seguridad y al día siguiente había sido imputado y enviado a prisión.

En su momento, la incautación de dos toneladas de droga fue lo que le permitió a las autoridades encontrar la mayor evidencia para pedir a Argentina formalmente su arresto. Fue en una precaria chacra que los policías encontraron debajo de la arena casi dos toneladas de cocaína dispuestas para ser colocados en una lancha, que alcanzaría un barco en alta mar y tendría como destino final a Europa. El cargamento encontrado está valuado en USD 13 millones en el mercado interno, pero esa cifra era superior si se considera que iba hacia el mercado europeo. Allí se valorizaría en unos USD 60 millones.
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La Fiscalía informó este jueves que la condena de Fernández Albín se da en el marco de una serie de acuerdos abreviados que hubo, lo que implica el reconocimiento de los delitos a cargo de una pena menor. Además, fueron sentenciados también otro hombre y dos mujeres, pertenecientes a organizaciones criminales que operan en Uruguay.
Una de las condenadas fue por ser responsable de un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, a una pena de dos años de penitenciaría. La otra tuvo la misma condena, pero por un delito de lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia.
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El otro hombre fue condenado como autor penalmente responsable del delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento, a una pena de 22 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba.
“Estas resoluciones judiciales representan un paso firme en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, y reafirman el compromiso de la justicia. Las condenas alcanzadas son el resultado de una investigación rigurosa, pruebas contundentes y el profesionalismo de los equipos intervinientes. Destacamos el esfuerzo coordinado de los fiscales, autoridades policiales de nuestro país y de la República Argentina, cuyo trabajo ha sido clave para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”, dice el comunicado de Fiscalía.
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Las condiciones de la reclusión de Fernández Albín fueron noticia. Él dice que en la cárcel uruguaya en la que cumple prisión preventiva sufre “tortura psicológica, amenazas y un aislamiento prolongado innecesario”. Su defensa ha presentado recursos de habeas corpus que fueron desestimados por la Justicia uruguaya buscando mejorar las condiciones. En una de las solicitudes, pedía tener acceso a un televisor y una heladera. Para hacer sentir sus reclamos, una de las estrategias que utilizó fue la de recurrir a una huelga de hambre.

A mediados de enero, el gobierno uruguayo difundió imágenes de cómo era este centro penitenciario. Los controles de seguridad que hay en la cárcel incluyen la videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores de movimiento –entre otros dispositivos–, doble cerca y doble muro perimetral.
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Para establecer este sistema, las autoridades tuvieron en cuenta las pericias que el Instituto Técnico Forense hizo sobre Fernández Albín, que constataron que no tiene riesgos ni problemas de salud mental. “Se realiza con pleno respeto a los derechos humanos, garantizando el acceso a los derechos básicos conforme a la normativa nacional e internacional vigente”, dice el informe publicado entonces por el Ministerio del Interior.
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