La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, ejecutó en la provincia de Colón la Operación Litus, que dejó la aprehensión de tres personas, entre ellas representantes y tesoreros de los corregimientos de Barrio Norte y Barrio Sur, por su presunta vinculación con el delito de peculado, en un caso que habría generado un perjuicio económico superior a $6 millones.
La acción forma parte de una línea de investigaciones sobre el manejo de fondos públicos asignados a juntas comunales.
Entre los aprehendidos figura el exalcalde del distrito de Colón, Alex Lee, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), cuya detención fue confirmada por fuentes vinculadas al proceso. Lee ya había sido retenido en mayo de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando intentaba viajar a Medellín, Colombia, en medio de investigaciones relacionadas con el uso indebido de recursos públicos, lo que refuerza el contexto de procesos previos en su contra.
Las autoridades sostienen que las investigaciones se centran en el manejo de los fondos de descentralización, un mecanismo mediante el cual el Estado transfiere recursos a las juntas comunales para la ejecución de proyectos comunitarios, como obras públicas menores, mantenimiento de infraestructuras y programas sociales.
Estos fondos provienen del presupuesto general del Estado y deben ser utilizados exclusivamente para atender necesidades locales, bajo criterios de transparencia, rendición de cuentas y beneficio directo a la comunidad.
El problema, según múltiples investigaciones del Ministerio Público, es que en varios casos estos recursos habrían sido utilizados de forma irregular, sin respaldo documental o sin que las obras fueran ejecutadas.
Este patrón ha sido identificado en diferentes provincias, donde se han detectado pagos sin sustento, contratos irregulares y desviación de fondos, lo que ha derivado en procesos penales por presunto peculado.
Uno de los casos recientes ocurrió el 11 de marzo de 2026, cuando la Fiscalía Anticorrupción logró la detención provisional de un exrepresentante del corregimiento de Capira por el manejo irregular de fondos asignados entre 2019 y 2024.
Según la investigación, el funcionario recibía cerca de $110,000 anuales para proyectos comunitarios que no fueron ejecutados, mientras que auditorías de la Contraloría detectaron irregularidades en el uso de 952 cheques sin sustento.
Otro operativo relevante se desarrolló el 12 de febrero de 2026 en Panamá Oeste, donde la Operación Comuna permitió la aprehensión de cuatro exfuncionarios del Municipio de Arraiján, incluyendo un exalcalde, por un presunto peculado agravado que habría generado una lesión patrimonial superior a $815,000. Las diligencias incluyeron allanamientos en varios corregimientos, donde se recabaron evidencias clave para el proceso.
Estas acciones forman parte de un patrón más amplio de investigaciones sobre el uso de fondos de descentralización. Hasta finales de 2025, la Fiscalía Anticorrupción había identificado una lesión patrimonial de $25.4 millones, vinculada a 36 representantes, exrepresentantes y extesoreros de juntas comunales. Sin embargo, las autoridades reconocen que la cifra actual es mayor, tanto en monto como en número de personas bajo investigación.
En este contexto, la Operación Litus refuerza la estrategia del Ministerio Público de avanzar en casos relacionados con el manejo de recursos públicos a nivel local, especialmente en estructuras donde históricamente ha existido debilidad en los controles administrativos.
La investigación en Colón busca determinar responsabilidades individuales y establecer cómo se estructuraron los esquemas que permitieron el presunto desvío de fondos.
El Ministerio Público ha reiterado que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades y llevar ante los tribunales a quienes resulten vinculados a estos hechos.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner en el centro del debate el uso de los fondos de descentralización y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión, control y transparencia en la administración de recursos públicos.
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