Ganaderos de Bolivia protestan por la suspensión temporal de las exportaciones de carne de res

Esta medida, que según el Gobierno es “hasta que se regularice el abastecimiento y se reduzca el precio en el mercado interno”, fue rechazada también por la Cámara de Industria y Comercio. Es el segundo veto temporal a la exportación de algún producto en dos meses

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Vendedores ofrecen carne en un
Vendedores ofrecen carne en un mercado en La Paz, Bolivia, el viernes 27 de diciembre de 2024. (AP Foto/Gastón Brito)

El veto a las exportaciones de carne de res en Bolivia generó protestas del sector ganadero e industrial del país. El Gobierno asumió está medida para garantizar el abastecimiento del mercado interno a precios justos, luego de que se evidenciara un incremento en el costo de la carne.

La mañana de este jueves, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) decidió cancelar una reunión que tenía pactada con autoridades del Gobierno nacional en rechazo a la suspensión. “La verdad es que no nos sorprende, ya estamos acostumbrados a que normalmente toman las decisiones antes de las reuniones y nos convocan cuando la decisión ya está tomada”, señaló el presidente de los ganaderos, Water Ruiz, en una entrevista con el canal Unitel.

Ruiz anunció un encuentro con organizaciones empresariales e industriales para “tomar decisiones” y ver qué pueden hacer en adelante. “Esto no es solamente un desincentivo para el productor, también es un daño al país de no traer divisas, de no tener un mercado serio que ya teníamos comprometido”, agregó y calificó la medida como “irresponsable”.

A las protestas también se sumó la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) que denuncia que el Gobierno de Arce “niega la crisis” y apunta a otros actores de la economía para justificar el alza de los precios. De igual forma, la Cámara Nacional de Industria dijo que el veto daña la imagen del país a nivel internacional.

Jean Pierre Antelo (izq), presidente
Jean Pierre Antelo (izq), presidente de la Cainco, en conferencia de prensa el 21 de enero de 2025. Foto: Economy

La administración de Arce hizo este miércoles el sorpresivo anuncio a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, como una medida “hasta que se regularice el abastecimiento y se reduzca el precio de este alimento en el mercado interno”. El ministro del área, Néstor Huanca, indicó que el incremento en el precio se debía al aumento en el precio de granos como maíz y sorgo y a la escasez de pastizales por la época de invierno y las quemas, que en 2024 devastaron más de diez millones de hectáreas en todo el país.

Sin embargo, Huanca manifestó que todas las causales se están resolviendo con lo que “el precio del ganado vivo tendría que disminuir paulatinamente, aspecto que hasta ahora no se ha evidenciado”. Según las cifras que reporta la prensa local, el kilo de la carne subió en un año de 41 bolivianos (5,80 dólares) a 60 (8,57 dólares).

Bolivia ha intensificado la industria de la carne en los últimos años y el valor de las exportaciones se disparó en un 1733%. Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, los ingresos por exportación de carne pasaron de 12 millones dólares anuales en 2016 a 220 millones en 2024.

Una mujer en LaPaz recibe
Una mujer en LaPaz recibe una botella de aceite distribuida por el Viceministerio de Defensa del Consumidor. REUTERS/Claudia Morales

Vetos, intervenciones y decomisos

La determinación de ayer es la segunda suspensión temporal de exportaciones por el mismo motivo en dos meses. En diciembre, la administración de Arce vetó la exportación del aceite refinado de soya por diez días, debido a que había escasez y aumento de precio. Casi en paralelo, intervino ingenios arroceros para evitar el agio de ese producto.

Estas medidas responden al incremento constate de los precios de la canasta familiar debido a la inflación que atraviesa el país: en 2024, la inflación acumulada fue de 9,97%, la más alta de los últimos 16 años. Adicionalmente, con la depreciación de la moneda boliviana, ha aumentado la venta ilegal de productos en las fronteras, una práctica que el Gobierno denomina “contrabando a la inversa” y a la que también está combatiendo con controles fronterizos para evitar el desabastecimiento interno.

En ese marco, la administración de Luis Arce estableció para este año la fiscalización y decomiso de productos en caso de que se evidencie agio o especulación, una medida que es rechazada por productores y comercializadores que han anunciado un paro el próximo 10 de febrero si el Gobierno no abroga esa normativa.