La declaración de culpabilidad de El Mayo podría sacudir a México hasta sus cimientos

Ismael “El Mayo” Zambada García, uno de los narcotraficantes más notorios de México, se declaró culpable el lunes de cargos que incluyen liderar una empresa criminal, asociación delictuosa, tráfico de drogas y lavado de dinero. Zambada, quien durante décadas dirigió el cártel de Sinaloa junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán, se disculpó por el daño causado por sus acciones y aceptó su responsabilidad. Ahora enfrenta una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y ha aceptado entregar la asombrosa suma de 15.000 millones de dólares en activos, un testimonio del inmenso alcance y poder del cártel.

Durante demasiado tiempo, los cárteles han asolado tanto a México como a Estados Unidos, y en gran medida han definido la relación entre ambos países. La inédita revelación de información de Zambada podría exponer redes de complicidad profundamente arraigadas y, en última instancia, transformar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado a ambos lados de la frontera. El cambio no puede llegar lo suficientemente pronto.

La largamente postergada cita de Zambada con la justicia estadounidense comenzó en medio de la controversia. En una operación aparentemente orquestada por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, Zambada fue atraído a un avión que lo llevó a Estados Unidos. La aparente traición desató una sangrienta guerra interna en Sinaloa entre las facciones leales a Zambada y las tropas de los “Chapitos”.

La declaración de culpabilidad de Zambada marca un momento decisivo en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Zambada gozó de décadas de impunidad: su carrera criminal comenzó en 1969 y se extendió por todo el mundo. Ha reconocido que ordenó homicidios y lavó dinero a gran escala.

“Es una enciclopedia del crimen organizado mexicano”, me dijo recientemente el periodista Luis Chaparro.

Este momento también tiene un profundo significado moral: Zambada expresó remordimiento y pidió perdón a sus víctimas. “Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a la gente de Estados Unidos, de México y de otros lugares”, dijo Zambada. “Asumo la responsabilidad por mi papel en todo esto y pido disculpas a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones”.

Las revelaciones de Zambada podrían sacudir profundamente no solo a los gobiernos mexicanos del pasado, sino también a la actual administración de Sheinbaum. Zambada admitió haber sobornado a funcionarios mexicanos durante más de medio siglo. Pagó a policías, jueces y políticos, asegurando la impunidad para el cártel de Sinaloa mientras acumulaba cientos de millones de dólares, un testimonio de la profundidad de la corrupción.

En México, todo esto es un secreto a voces. La expectativa generalizada es que Zambada proporcionará más detalles sobre su relación simbiótica con la maquinaria del Estado mexicano a nivel local, estatal y quizás incluso federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con escepticismo. Ante la posibilidad de revelaciones históricas derivadas del proceso de Zambada en Estados Unidos —así como posibles revelaciones de otras figuras importantes como Ovidio Guzmán López, otro de los hijos de El Chapo, o de entre los más de 50 cabecillas criminales que México ha extraditado a Estados Unidos en los últimos meses— Sheinbaum ha insistido en ver pruebas.

“No estamos preocupados”, dijo Sheinbaum ayer. “Lo que él diga, si concierne a México, debe estar respaldado por pruebas y aprobado por la Fiscalía General de la República. Hay un procedimiento”.

Superficialmente, tiene razón: nadie está obligado a tomar al pie de la letra la palabra de criminales confesos.

Pero Zambada no es una persona cualquiera confesando sus crímenes escabrosos en internet. Ha sido procesado ante un tribunal. Si los fiscales estadounidenses, trabajando con líderes del cártel que ahora están bajo su custodia, comienzan a armar casos contundentes, la justicia mexicana se verá obligada a actuar. Estas decisiones ya no pueden posponerse y deben demostrar que nadie está por encima de la ley.

Algunos aliados políticos de Sheinbaum podrían presionarla para eludir esa responsabilidad. El pueblo mexicano, a quien ella sirve, celebrará que la asuma.

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