Esa es la realidad que sigue enfrentando el desplazamiento forzado interno en Honduras, un fenómeno que en la última década ha afectado a 24,864 personas. Así lo revela el más reciente Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno 2025, presentado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), con el respaldo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
El desplazamiento forzado interno en Honduras dejó 10.077 quejas entre 2016 y 2025. Los casos atendidos por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno exponiendo las causas, las poblaciones más vulnerables y las zonas con mayor incidencia.
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Para la titular del organismo, Blanca Izaguirre, las estadísticas no deben leerse solo en términos numéricos. “Hay rostros, historias y miles de familias que se han visto obligadas a dejarlo todo, abandonando sus hogares para salvar sus vidas frente a la violencia y la desprotección”, expresó durante la presentación del informe.
Barreras para denunciar
La representante de ACNUR en Honduras, Katrin Lou, dijo que uno de los principales desafíos sigue siendo el subregistro de casos, porque muchas personas no llegan a incorporarse a las estadísticas institucionales. “Muchas víctimas no presentan una denuncia porque siguen teniendo miedo. Otras desconocen que existen mecanismos para solicitar protección o no saben cómo acceder a ellos”, señaló.
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Lou agregó que el temor sigue siendo uno de los principales obstáculos para que las víctimas busquen ayuda, sobre todo cuando quienes las amenazan permanecen en las mismas comunidades o conservan capacidad de represalia. También mencionó el desconocimiento sobre las rutas de atención, que a juicio de ACNUR limita el acceso a la protección del Estado.
Amenazas, homicidios y extorsión
El informe identifica a las amenazas como el principal detonante del desplazamiento forzado interno.
Cuatro de cada diez quejas atendidas por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno estuvieron vinculadas con amenazas, lo que muestra que muchas familias dejan sus hogares antes de que la violencia se concrete.
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Luego aparecen la tentativa de homicidio, con el 10% de los casos; la violencia doméstica y el asesinato de familiares, ambos con 9%; y la extorsión, con 6% de las denuncias.
El documento indica que el desplazamiento no responde a una sola causa, sino a una combinación de distintas formas de violencia que termina expulsando a las personas de sus comunidades.
Los casos registrados en 2025
Solo en 2025, el CONADEH registró 676 quejas, que involucraron a 1.406 personas.
De ese total, el 70% correspondió a personas que todavía permanecían en riesgo de desplazamiento, mientras que el 30% ya había abandonado su lugar de residencia.
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Para ACNUR, estas cifras muestran que el desplazamiento sigue vigente y que la prevención debe fortalecerse para evitar que quienes hoy viven bajo amenaza terminen dejando sus hogares.
Mujeres, niñez y otros grupos afectados
Las mujeres representan el 51% de las personas atendidas y los hombres, el 49%.
Además, el documento registra 245 niñas, niños y adolescentes afectados, junto con casos vinculados con personas LGBTIQ+, personas con discapacidad y miembros de pueblos indígenas y comunidades afrohondureñas.
En estos últimos grupos se contabilizaron 19 quejas, equivalentes al 3% del total registrado durante 2025.
Lou pidió leer ese porcentaje con cautela. Explicó que muchas comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan barreras adicionales para denunciar, entre ellas la distancia geográfica, la limitada presencia institucional y el desconocimiento de los mecanismos de protección, factores que podrían influir en el subregistro.
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El informe identifica a Francisco Morazán como el departamento con mayor concentración de quejas, con el 22% de los casos registrados.
Le siguen Cortés, con 16%; Choluteca, con 11%; Olancho, con 7%; y Atlántida y Yoro, con 6% cada uno.
A nivel municipal, el Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba y Juticalpa concentran el mayor número de personas afectadas.
La ley y su aplicación
Durante la conversación con Infobae, Katrin Lou también se refirió a la Ley de Prevención, Protección y Respuesta a las Personas Desplazadas por la Violencia.
Señaló que el desafío es convertir ese marco jurídico en una herramienta efectiva para las víctimas. La representante explicó que la ley aún requiere su reglamento de aplicación y recursos suficientes para que las instituciones puedan ejecutar las medidas de protección previstas.
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Cada caso requiere una respuesta especializada y coordinada entre las instituciones”, cerro la conversación ACNUR a Infobae.
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