En una batalla legal por loros de apoyo emocional, una mujer gana USD 165 mil

Meril Lesser había estado viviendo con loros de apoyo emocional durante años cuando, en 2015, los vecinos comenzaron a quejarse de que los pájaros eran demasiado ruidosos. Aproximadamente un año después, la cooperativa de la ciudad de Nueva York en la que Lesser había vivido durante casi dos décadas comenzó a intentar desalojarla. Ella y sus tres loros (Layla, Ginger y Curtis) se mudaron.

El desacuerdo sobre las aves provocó una batalla legal que duró años, que concluyó este mes cuando la cooperativa de Lesser acordó pagarle USD 165.000 en daños y USD 585.000 por su apartamento para resolver el problema.

En una declaración, Damian Williams, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, describió el acuerdo como “la recuperación más grande que el Departamento de Justicia haya obtenido jamás para una persona con discapacidad cuyo proveedor de vivienda le negó su derecho a tener un animal de asistencia”.

“Este resultado debería impulsar a todos los proveedores de vivienda a considerar cuidadosamente si sus políticas y procedimientos cumplen con la ley federal”, dijo Williams. Peter Livingston, abogado de la cooperativa Rutherford, dijo en un comunicado el miércoles que la cooperativa estaba “muy satisfecha con el acuerdo”. Lesser se negó a hacer comentarios.

Los animales de apoyo emocional (y los lugares a los que pueden ir, desde aeropuertos hasta escuelas) han sido objeto de escrutinio y de impugnaciones legales en los últimos años. En 2021, el gobierno federal redujo su definición de animales de servicio, excluyendo de hecho a los animales de apoyo emocional de los permitidos en las aerolíneas estadounidenses. A diferencia de los animales de servicio, los animales de apoyo emocional no necesitan entrenamiento.

Lesser, que sufre de ansiedad y depresión, se mudó al Rutherford con dos de sus loros en 1999, según una demanda presentada por el gobierno federal en 2021. Los pájaros “calman y reconfortan” a Lesser, haciéndola sentir segura y ayudándola a mantener la calma durante los debilitantes ataques de pánico, escribieron los fiscales federales. En ese momento, según la demanda, el edificio no tenía procesos para evaluar las solicitudes de los residentes de vivir con animales de apoyo emocional.

Durante 16 años, los vecinos de Lesser nunca se quejaron del ruido de los loros, dijeron los fiscales. Pero en mayo de 2015, Lesser recibió una carta de su compañía de gestión en la que le informaban de que había recibido quejas de que los loros hacían ruido en su apartamento, según la demanda. Lesser había adquirido un tercer loro cinco meses antes.

En respuesta a la carta, Lesser prometió tapar los enchufes abiertos e instalar más alfombras en su apartamento para amortiguar cualquier ruido. Entre octubre de 2015 y marzo de 2016, el Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de Nueva York inspeccionó el apartamento de Lesser 15 veces en respuesta a quejas, pero no emitió ninguna infracción por ruido, según los fiscales.

Pero la disputa entre Lesser y los Rutherford continuó. En marzo de 2016, Lesser solicitó una compensación a la junta de la cooperativa para quedarse con los loros e incluyó una carta de su psiquiatra. “Las tres aves deben estar presentes, ya que son compañeras de largo plazo entre sí y no pueden separarse sin consecuencias negativas”, escribió el médico en la carta, y agregó que la presencia de los loros ayudó a “mitigar los síntomas de salud mental” que experimentó Lesser.

Eso tampoco resolvió el problema. En mayo de 2016, la cooperativa le envió a Lesser un aviso de rescisión, pidiéndole que abandonara el puesto en el plazo de dos semanas, según la denuncia. Los Rutherford iniciaron los procedimientos de desalojo en junio, y Lesser y los pájaros se mudaron al mes siguiente.

En 2018, Lesser presentó una denuncia ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU., que luego descubrió que la cooperativa había violado la Ley de Vivienda Justa al no otorgarle una adaptación para mantener a los animales de apoyo emocional.

Durante estos años, la cooperativa había continuado los procedimientos de desalojo contra Lesser y había comenzado a sumar honorarios legales a las facturas de servicios públicos que ella todavía estaba pagando por el apartamento, según la denuncia. Después de que Lesser pusiera su unidad a la venta en 2019, la junta de la cooperativa rechazó una solicitud de compra sin entrevistar al potencial comprador, una decisión que los fiscales alegan que fue un acto de represalia.

Según el acuerdo aprobado por un juez el viernes, la cooperativa debe desestimar los procedimientos de desalojo contra Lesser y adoptar una “política de adaptación razonable” para los residentes que quieran vivir con animales de asistencia, dijeron los fiscales.

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