El gobierno británico de Keir Starmer adoptó medidas de emergencia para evitar el hacinamiento en las cárceles del norte de Inglaterra, mientras el sobrecargado sistema penal comienza a aceptar a cientos de personas procesadas por los recientes disturbios.
La “acción decisiva para atacar el matonismo violento en nuestras calles” ha exacerbado los problemas de capacidad que desde hace tiempo sufren nuestras prisiones, dijo el Gobierno el lunes 19 de agosto. La Operación denominada “Amanecer Temprano”, utilizada por última vez en mayo por el gobierno conservador del ex primer ministro Rishi Sunak, obliga a la policía a retener en sus celdas a los Sospechosos en espera de comparar ante un tribunal hasta que haya espacio disponible en las cárceles.
“Hemos tenido que tomar este tipo de decisiones para garantizar que nuestra policía dispone de los espacios que necesita y nos hemos visto obligados a actuar de esta manera”, dijo a los periodistas la portavoz del primer ministro, Camilla Marshall, en una reunión informativa periódica . “El hecho de que estemos en esta posición es inaceptable”.
La medida sobre el hacinamiento en las cárceles subraya su limitado espacio para tomar políticas decisivas tras heredar un gobierno con unos servicios públicos estresados y una presión fiscal históricamente alta. Starmer citó la crisis de las prisiones como una de las preocupaciones más urgentes de su nueva administración tras llegar al poder el mes pasado.
La capacidad de las prisiones quedó aún más en evidencia con los disturbios provocados por el apuñalamiento mortal de tres chicas que asistían a una clase de baile de Taylor Swift en Southport el 29 de julio. Impulsada por activistas de extrema derecha, la desinformación sobre el origen de los agresores se propagó por Internet, provocando días de disturbios antiinmigración cuyos objetivos incluían mezquitas, centros de inmigración y la policía.
La respuesta de Starmer consistió en aplicar la justicia por la vía rápida, dictando algunas penas de prisión en cuestión de días, un enfoque que adoptó tras otra oleada de disturbios en 2011, cuando era el fiscal de mayor rango del país.
Según el Consejo Nacional de Jefes de Policía, el 17 de agosto se había detenido a 1.140 personas y se habían formulado 684 acusaciones. Los disturbios han remitido en su mayor parte. Sin embargo, aunque algunas encuestas muestran que la opinión pública aprueba en general la gestión de los disturbios por parte de Starmer, el primer ministro se enfrenta a peligros políticos mientras su gobierno lidia con el atascado sistema judicial.
Sólo hay 340 plazas para presos varones, según la Asociación de Funcionarios de Prisiones. Su presidente, Mark Fairhurst, declaró a la BBC que la medida del lunes daría “un poco de respiro” para “estabilizar” el sistema penitenciario. Marshall dijo a los periodistas que las medidas de contingencia están diseñadas para soportar la presión localizada a corto plazo en la red penitenciaria del país y estarán en vigor durante “días o semanas”.
La cuestión es qué ocurrirá después. El gobierno ya anunció que pondrá en libertad a los presos considerados de bajo riesgo cuando hayan cumplido el 40% de sus condenas, una medida que considera necesaria para evitar que las celdas policiales se llenen e impidan el desarrollo de las causas judiciales y la detención. delincuentes peligrosos.
El anterior Secretario de Justicia, Alex Chalk, también intentó excarcelar a algunos presos antes de las elecciones, pero sus propuestas fueron rechazadas por la Sunak.
Ello se debió en parte al riesgo político asociado a la reincidencia, y el mismo cálculo afronta ahora Starmer. Su gobierno laborista ha prometido un nuevo enfoque de la justicia, centrado en la prevención como inversión en formación para evitar la reincidencia. James Timpson, cuyo negocio de corte de llaves es conocido por contratar a antiguos presos, fue nombrado ministro de Prisiones y Libertad Condicional.
“Heredamos un sistema judicial en crisis y expuesto a sobresaltos”, dijo Timpson en el comunicado. “Como resultado, nos hemos visto obligados a tomar decisiones difíciles pero necesarias para mantenerse operativo”.
Aún así, no está nada claro cuánto tiempo podrá el Gobierno esgrimir ese argumento antes de que la opinión pública comience a desviar el foco de la culpa. “Estamos siendo muy transparentes con el público sobre lo que tenemos que hacer para solucionar la crisis heredada en nuestro sistema penitenciario”, dijo Marshall a los periodistas.
©2024 Bloomberg
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