Joe Biden presentará una orden ejecutiva para blindar la información nacional sensible de injerencias extranjeras

El gobierno de Joe Biden está preparando una orden ejecutiva que pretende impedir que adversarios extranjeros accedan a una gran cantidad de datos personales altamente sensibles sobre estadounidenses y personas relacionadas con el gobierno de Estados Unidos, según un documento obtenido por Bloomberg News.

La Administración tiene previsto presentar en breve la nueva orden ejecutiva, que ordenará al Fiscal General y al Departamento de Seguridad Nacional que establezcan nuevas restricciones a las transacciones relacionadas con datos que, de obtenerse, podrían amenazar la seguridad nacional, según tres personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser citadas por tratarse de detalles aún privados.

El proyecto de orden se centra en las formas en que los adversarios extranjeros están obteniendo acceso a los datos personales “altamente sensibles” de los estadounidenses -desde la información genética hasta la localización- a través de medios legales. Esto incluye la obtención de información a través de intermediarios, como corredores de datos, acuerdos con terceros proveedores, acuerdos de empleo o acuerdos de inversión, según el borrador de la orden propuesta.

Además, las organizaciones que son propiedad, están bajo el control o son gestionadas por “países de interés” suelen estar obligadas a entregar esos datos al gobierno cuando éste se lo pida. El documento obtenido por Bloomberg no menciona adversarios extranjeros concretos. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca declinó hacer comentarios. El contenido de la orden ejecutiva podría cambiar. Bloomberg revisó un borrador que aún no había sido finalizado.

Amenaza extraordinaria

La Casa Blanca considera que la explotación de esos datos por otros países constituye una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior, según un borrador de la orden ejecutiva. Al acceder a los datos altamente sensibles de los estadounidenses, los “países de interés” pueden llevar a cabo actividades maliciosas, como espionaje, ciberataques y chantaje, proporcionando una ventaja estratégica sobre Estados Unidos, según el documento.

Según el borrador del documento, a Estados Unidos le preocupa que estos datos puedan ser explotados de forma más eficiente con inteligencia artificial y utilizados para rastrear y crear perfiles de estadounidenses y empleados federales. El acceso a datos sensibles vinculados a personas y lugares relacionados con el gobierno o el ejército puede utilizarse para revelar información sobre ellos que amenace la seguridad nacional, según el documento.

“Los países en cuestión pueden utilizar la inteligencia artificial para espiar o chantajear a personas estadounidenses, por ejemplo, reconociendo patrones en múltiples conjuntos de datos no relacionados para identificar a posibles personas cuyos vínculos con el Gobierno federal quedarían ocultos de otro modo en un único conjunto de datos”, señala el borrador. La administración Biden está centrada en desarrollar la nueva normativa “minimizando la interrupción de la actividad comercial” y manteniendo relaciones globales centradas en el comercio, la ciencia y los intereses económicos.

Datos genómicos

Según el documento, a la administración le preocupa especialmente la recopilación de datos sobre personalidades políticas, periodistas, académicos, activistas y miembros de comunidades marginadas, así como los datos de pacientes obtenidos a través de proveedores de atención sanitaria e investigadores.

Los responsables de seguridad nacional de Estados Unidos han advertido en repetidas ocasiones de que China ha acumulado cantidades ingentes de datos personales de estadounidenses, mediante piratería informática y otros métodos. Por ejemplo, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional afirmó en febrero de 2021 que China “ha recopilado grandes conjuntos de datos sanitarios de Estados Unidos y de naciones de todo el mundo, por medios tanto legales como ilegales”.

La ODNI advirtió en ese momento que la recopilación de información genética de los estadounidenses pone en peligro la seguridad económica y nacional, así como la privacidad individual. “Perder el ADN no es como perder una tarjeta de crédito”, afirmaba. “Puedes pedir una nueva tarjeta de crédito, pero no puedes sustituir tu ADN. La pérdida de su ADN no sólo le afecta a usted, sino también a sus familiares y, potencialmente, a las generaciones venideras”. Muchas empresas chinas están autorizadas a realizar pruebas genéticas o secuenciación del genoma completo en pacientes del sistema sanitario estadounidense, según la ODNI.

El borrador de la orden expresa la preocupación por el acceso de países extranjeros a los datos genómicos de los estadounidenses. El gobierno de Biden afirma que tiene la intención de tomar medidas para evitar la explotación de esos datos, sin dejar de impulsar la investigación científica financiada por los contribuyentes y el intercambio de historiales médicos electrónicos entre sistemas.

Nueva normativa

Además de proteger los datos personales altamente sensibles de los estadounidenses, la orden propuesta también pretende proteger los “datos relacionados con el gobierno”. Eso incluye información vinculada a empleados actuales o recientes, contratistas y funcionarios de todo el gobierno federal, incluido el ejército, que podría amenazar la seguridad nacional.

La orden exige nuevas normativas que prohíban o restrinjan a los ciudadanos de Estado Unidos participar en cualquier transacción que permita a países adversarios acceder a datos relacionados con el gobierno o a datos personales sensibles, o que suponga un riesgo inaceptable para la seguridad nacional. Los funcionarios de la administración Biden identificarán las clases de transacciones que estarán prohibidas, según el borrador del documento.

La administración Biden también propondrá nuevos requisitos de seguridad y establecerá un mecanismo para supervisar si las transacciones cumplen dichos requisitos. La nueva normativa estará sujeta a notificación y comentarios públicos.

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