Militares retirados critican la mesa de diálogo, exigen liberación de presos políticos y piden elecciones reales en 2026

El Frente Institucional Militar (FIM) elevó el tono frente a la instalación de la mesa de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen venezolano. En un comunicado, la organización dejó claro que no reconoce ese espacio como una instancia con autoridad para negociar el destino político del país, salvo en un punto concreto: abrir paso, sin más dilaciones, a un cronograma electoral para 2026. Describió la situación del país como “caótica”, advirtiendo que la soberanía popular “no admite tutelajes, intermediarios ni componendas a espaldas de los ciudadanos”.

La directiva del Frente Institucional Militar (FIM) la preside el General de Brigada (EJ) Juan Antonio Herrera Betancourt, junto al vicepresidente General de División (EJ) Rafael Ángel Montero Revette y el secretario de Organización GB (GN) Rafael Vera Ruiz. Los representantes por cada componente: GB (EJ) Juan Ferrer Barazarte, Ejército; Contralmirante Elías Buchszer Cabriles, Armada; GB (AV) Eduardo Arturo Caldera Gómez, Aviación; y GB (GN) Simón Figuera Pérez, Guardia Nacional.

La organización, conformada por 243 oficiales retirados, sostiene que la ruta está clara y los plazos vencen. “El foco de la mesa es el cronograma electoral para el 2026; la urgencia en la calle es la justicia, la libertad y la supervivencia del pueblo soberano”, señaló el FIM en el mensaje dirigido a militares activos, a la opinión pública nacional y a la comunidad internacional.

El FIM retrató al país como una nación atrapada en el colapso institucional, social y económico. En ese contexto, sostuvo que la soberanía popular “no admite tutelajes, intermediarios ni componendas a espaldas de los ciudadanos”, e invocó el artículo 5 de la Constitución venezolana para remarcar que el poder reside de manera intransferible en el pueblo.

Desde esa posición, los militares desconocen “categóricamente” cualquier forma de usurpación, “interinato o maniobra de actores externos o fácticos” que pretendan decidir por los venezolanos. La organización también puso en entredicho la mesa recién instalada, al señalar que carece de “validación directa del soberano” y, por tanto, no puede asumir facultades que no le han sido conferidas por el voto ciudadano.

Para el FIM, el margen de acción de esa mesa es estrecho y no admite ambigüedades: debe ceñirse “de forma estricta, unívoca y sin dilaciones” a preparar las condiciones técnicas, logísticas y políticas de unas elecciones definitivas que garanticen el sufragio universal durante 2026. La organización advirtió que cualquier intento de ampliar la agenda hacia pactos de gobernabilidad, reparto de cuotas o administración de la crisis sería una desviación del único mandato aceptable: devolver la palabra al electorado.

Liberar a presos políticos

Los oficiales que suscriben el comunicado exigen romper el cerco de una negociación entre cúpulas. El FIM planteó ampliar la composición de la mesa para incorporar voces independientes de sectores que, a su juicio, han sido marginados de las decisiones nacionales: academias, fuerzas de seguridad y defensa, movimiento estudiantil y gremios profesionales.

La organización reclamó además que la representación opositora vinculada a la Asamblea de 2015 abandone las fórmulas ambiguas y emita un pronunciamiento “categórico e inmediato” sobre tres asuntos que considera innegociables. Para el FIM, esos puntos no pueden quedar atrapados en la lógica de la transacción política ni ser utilizados como fichas dentro de una negociación.

El primero es la exigencia de liberar a todos los presos políticos, “sin importar si sobre ellos pesa o no una viciada condena judicial”. El segundo apunta a garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos que cumplan los requisitos y desmontar las inhabilitaciones que han sido utilizadas para sacar de la competencia electoral a dirigentes opositores.

En el tercer punto endureció su postura frente a la emergencia humanitaria causada por los recientes sismos. La organización pidió que el control, financiamiento y ejecución de la ayuda a las víctimas quede fuera de las manos del régimen y sea asumido exclusivamente por organismos técnicos de defensa civil y agencias internacionales humanitarias.

Según el comunicado, solo instituciones independientes, con autoridad plena y recursos suficientes, pueden responder a una población golpeada por el colapso de los servicios públicos, la destrucción del salario y una crisis de subsistencia que mantiene a más de 60% de los venezolanos en situación de desamparo.

En ese escenario, el FIM advierte que la negociación no puede convertirse en una cortina de humo: debe producir garantías concretas o quedará reducida a otro capítulo de la parálisis política nacional.