Informe señala que al menos 26 grupos criminales operan en la zona minera de Venezuela

Al menos 26 grupos armados organizados (GAO), encabezados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), están presentes en los estados venezolanos de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, donde se ubica el Arco Minero del Orinoco, según un estudio realizado por SOS Orinoco y la Fundación para el Debido Proceso.

La investigación, basada en fuentes abiertas y que revisa el periodo 2022-2026, identifica al estado Bolívar, al sur del país, como “el principal núcleo de actividad criminal”, donde las guerrillas colombianas y distintas bandas locales “ejercen un dominio focalizado sobre enclaves estratégicos de extracción aurífera”.

El informe resalta que los GAO “no operan únicamente como organizaciones dedicadas a actividades ilícitas, sino como estructuras de gobernanza de facto que regulan la vida económica y social de amplias zonas del territorio”.

“La evidencia recopilada apunta a la existencia de un sistema de gobernanza criminal híbrida caracterizado por distintos niveles de tolerancia, coexistencia, facilitación y presunta colaboración entre actores estatales y organizaciones armadas”, afirman.

Tras registrar que funcionarios civiles y militares favorecen la actuación de los GAO y la explotación ilegal de recursos minerales, advierten que en la zona ocurre “una progresiva pérdida institucional del territorio, en la que corrupción, violencia, economías ilícitas y degradación ambiental forman parte de un mismo sistema de gobernanza”.

La publicación del análisis de SOS Orinoco y la Fundación para el Debido Proceso coincide con el anuncio del asesinato este martes 11 de agosto del capitán indígena Julio Rodríguez, quien había sido secuestrado por miembros de las disidencias de las FARC en la localidad de Mapoyo, estado Bolívar, según denunciaron voceros de la comunidad.

Fuentes

La investigación señala que si bien la explotación ilegal del oro es la fuente de ingresos principal de los GAO, existe una “diversificación criminal” con “economías secundarias, pero altamente rentables: el tráfico de drogas y de armas, la extorsión generalizada a comerciantes y un flagelo alarmante, la trata de personas con fines de explotación sexual dentro y en los alrededores de los campamentos mineros”.

“Los GAO con mayor presencia entre los distintos estados y municipios del sur venezolano fueron el ELN y las FARC, encontrándose en 16 de los 21 municipios (76,1% del total)”, expone, al tiempo que reporta las “alianzas comerciales” de estos grupos con las megabandas brasileñas Comando Vermelho y Familia do Norte.

Afirman que “los registros cualitativos del ELN mapean su red transnacional conectándola explícitamente con el Comando Vermelho y la Familia do Norte en Brasil, operando como proveedores logísticos y de protección en las rutas de salida de oro y estupefacientes”.

SOS Orinoco y Fundación para el Debido Proceso enfatizan que “ninguna organización criminal puede operar de manera sostenible en el sur sin interactuar con la Fuerza Armada Nacional”, pues los militares despliegan alcabalas en la zona, y regulan el suministro de combustible y “posiblemente el acceso al mercurio”.

“Los GAO tendrían el control de la mano de obra y de la extracción directa en las minas, mientras que los militares se posicionan por encima, regulando quién opera y cobrando peajes por la salida del mineral y la entrada de insumos estratégicos. Si un grupo se insubordina, la FANB activa su capacidad de control mediante operaciones militares”, describen.

Partiendo de esos hallazgos, subrayan que “cualquier estrategia de recuperación del Estado de Derecho requerirá no sólo acciones de seguridad contra los grupos armados, sino también profundas reformas institucionales”.