
Un grupo de venezolanos se concentró este miércoles en Caracas para reclamar información sobre las conversaciones que mantienen representantes del chavismo y un sector de la oposición, un proceso que se desarrolla bajo reserva desde el pasado 6 de agosto y que busca establecer condiciones para una eventual transición política en Venezuela.
La protesta se produjo mientras las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez, titular del Parlamento, y Dinorah Figuera, presidenta la Asamblea Nacional de mayoría opositora elegida en 2015, se disponían a cerrar la primera etapa de las negociaciones. Durante seis días, los encuentros se realizaron sin acceso público a los detalles de los asuntos discutidos ni a los posibles acuerdos alcanzados.
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Con banderas venezolanas, los manifestantes reclamaron la presencia de Figuera y exigieron conocer qué está negociando la oposición. “Qué salga Dinorah”, corearon frente al lugar donde esperaban obtener respuestas sobre el proceso.

El reclamo también estuvo vinculado con demandas sociales y humanitarias. Luis Antonio Correa, un vigilante de 54 años que participó en la concentración, pidió que los dirigentes que negocian escuchen directamente las exigencias de quienes atraviesan la crisis dentro del país. “Queremos escuchar el diálogo de ella (...) nosotros la queremos aquí afuera”, afirmó.
Correa enumeró además algunas de las principales preocupaciones de los manifestantes: la situación de los detenidos por motivos políticos, los bajos ingresos y las dificultades económicas que persisten después del cambio de régimen ocurrido en enero. “Queremos que suelten a los presos políticos, (que aumenten) el salario de nosotros (...), y que nos ayuden a resolver este problema”, reclamó.
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La falta de información sobre las conversaciones alimentó cuestionamientos dentro del propio espacio opositor. Figuera mantuvo durante los últimos días reuniones con representantes de familiares de presos políticos, jubilados y trabajadores de medios de comunicación. Según lo informado por personas vinculadas al proceso, esos encuentros tuvieron como objetivo trasladar las demandas recibidas a la mesa de negociación.

Las conversaciones cuentan con participación estadounidense en calidad de respaldo y mediación. Cuando las delegaciones enfrentan asuntos considerados especialmente delicados, se establece contacto con representantes de Washington para facilitar las discusiones. El proceso se desarrolla además mientras la administración de Donald Trump mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución política venezolana.
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Uno de los puntos centrales planteados por la oposición es la modificación de las instituciones encargadas de garantizar el funcionamiento del Estado de derecho. Entre sus propuestas figura la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, organismo cuestionado por su actuación en el proceso que validó la fraudulenta reelección de Nicolás Maduro en 2024.
La reforma judicial también está relacionada con otras demandas. La oposición busca eliminar disposiciones legales utilizadas durante los últimos años para procesar a dirigentes y activistas, entre ellas normas vinculadas con delitos de odio y terrorismo.

El futuro electoral constituye otro de los asuntos pendientes. La propuesta opositora contempla que cualquier nuevo cronograma de elecciones sea definido después de una renovación del Consejo Nacional Electoral, dentro de un proceso más amplio de cambios institucionales.
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Aunque Figuera enfrenta cuestionamientos de sectores que ponen en duda su representación, quienes participan del diálogo sostienen que la mesa reconoce a María Corina Machado como principal referente de la oposición. La dirigente permanece fuera de Venezuela y no forma parte directamente de las conversaciones, aunque ha manifestado que no se opondrá al proceso.
“María Corina Machado es la líder de la oposición venezolana (...) es la voz que los venezolanos identifican como su propia voz”, sostuvo una persona cercana a las negociaciones.

La primera ronda de conversaciones concluye este miércoles mientras persiste la presión de sectores de la sociedad venezolana para que el proceso abandone el secretismo y muestre resultados verificables sobre derechos políticos, condiciones económicas y garantías para una futura competencia electoral.
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