La situación de los presos políticos en Venezuela llegará a la mesa de diálogo entre la oposición y el Gobierno chavista

La situación de los presos políticos en Venezuela integrará la agenda de diálogo entre el Gobierno chavista y la oposición, bajo la mediación de Estados Unidos, según confirmó la jefa negociadora opositora, Dinorah Figuera. La mesa de negociaciones, que busca facilitar una transición democrática en el país, se desarrolla en Caracas desde el 6 de agosto y finalizará este miércoles, siete meses después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro durante una operación estadounidense.

El proceso incluye la revisión del estado de los detenidos por motivos políticos, un asunto que la delegación opositora encabezada por Figuera llevó de manera explícita a la mesa. “Sostuvimos un encuentro con ex presos y familiares de presos políticos quienes me consignaron una comunicación que llevaremos a la mesa”, publicó en X, junto a una imagen con personas excarceladas en los últimos meses. Y agregó: “Estamos en este proceso para lograr una Venezuela democrática y libre”.

Figuera mantuvo también reuniones con representantes de sectores como jubilados y el sindicato de prensa, a fin de escuchar sus demandas en este ciclo de negociaciones, que se suma a instancias previas realizadas durante el régimen del Maduro entre 2013 y 2026.

La ronda de diálogo tiene lugar sin la participación de María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz. Las conversaciones se desarrollan sin acceso de la prensa.

Organizaciones como Foro Penal cifran en 382 los presos políticos en Venezuela. Entre las voces de familiares, Andreína Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel —fallecido en prisión en 2021—, expresó a AFP sus expectativas: “Que no sea un instrumento más que use el régimen como tantos que ha habido durante años para prolongar el dolor, para revictimizarnos, para ganar tiempo y perpetuarse en el poder”. Su hermano Josnars Adolfo Baduel recibió en 2024 una condena de 30 años acusado de traición a la patria y terrorismo.

Rosario Pacheco, madre de Robert Villamarín Pacheco —detenido desde 2023 por supuesta participación en un atentado con drones contra Maduro—, consideró que la liberación de presos políticos y la revisión de causas judiciales “debe ser una condición transversal en las mesas de negociación política”.

La mesa de diálogo cuenta con la conducción de Jorge Rodríguez desde la parte del Gobierno chavista, presidente del Parlamento y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y de Figuera, representante de la bancada opositora que obtuvo la mayoría legislativa en 2015.

El Gobierno de Estados Unidos celebró la apertura del proceso y, definió su hoja de ruta en tres fases para la recuperación del país caribeño: “estabilización, recuperación económica y reconciliación política”.

La Defensoría del Pueblo de Venezuela anunció que este miércoles instalará una mesa técnica junto a la ONG Alianza para la Libertad de los Presos Políticos con el objetivo de profundizar la revisión y el seguimiento individual de los casos presentados por la organización. La convocatoria responde a las demandas de activistas que solicitaron la mediación y actuación de la institución en lo relativo a la atención médica, la celeridad procesal, las condiciones de detención y el respeto a la dignidad humana, según una nota de prensa oficial.

La ONG informó que entregó la lista completa de presos políticos y se acordó la conformación de la mesa técnica el 12 de agosto, que contará también con la participación de familiares. Durante el encuentro, la organización planteó la necesidad de revisar la situación jurídica de los detenidos, cifra que asciende a 382 casos. El Gobierno chavista sostiene que las detenciones se produjeron por la comisión de delitos, una postura que rechazan los partidos políticos opositores.

La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, afirmó que su despacho mantiene una “política de puertas abiertas” y continuará recibiendo y atendiendo las peticiones de familiares, organizaciones sociales y distintos sectores de la sociedad conforme a sus competencias constitucionales. “Ratificamos la disposición a examinar cada situación de manera individualizada y a realizar las gestiones institucionales que correspondan, dentro del ámbito de nuestras competencias, para contribuir a la protección efectiva de los derechos humanos y al debido proceso”, declaró González Lobato.

(Con información de AFP y EFE)