El impacto del doble terremoto que sacudió la zona norte de Venezuela hace una semana, con magnitudes de 7,2 y 7,5, dejó a familiares y organizaciones que luchan por los derechos humanos en la incertidumbre sobre la situación de los presos políticos en las cárceles afectadas. En medio de los comunicados oficiales sobre el desastre, persiste la falta de información oficial sobre el estado estructural de estos centros penitenciarios.
“No saben cuál es el estado de las estructuras, están asustados”, relató Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, al describir la angustia de los detenidos. Según el abogado, en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Miranda, los presos políticos optaron por dormir en el patio, en carpas y refugios improvisados, ante el temor de regresar a las torres del penal.
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Durante esta semana, los allegados a los detenidos no recibieron reportes de heridos derivados del terremoto. Sin embargo, la inquietud crece ante la falta de respuestas oficiales. Los propios internos manifestaron su preocupación por la seguridad de la infraestructura.
Familiares de presos en la cárcel de El Rodeo denunciaron la existencia de grietas en las paredes, las cuales, según sus testimonios, las autoridades intentaron ocultar pintándolas de negro. Por su parte, los custodios carecen de un plan de evacuación y no cumplieron con la promesa de facilitar llamadas más frecuentes para tranquilizar a las familias.
En respuesta a la pregunta sobre el estado de las prisiones tras el terremoto, las organizaciones y familiares reconocen que no existe una evaluación técnica conocida ni comunicación oficial sobre la gravedad de los daños en las estructuras penitenciarias. La ausencia de un diagnóstico agrava la incertidumbre sobre la seguridad de cientos de reclusos.
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La integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), Andreína Baduel, confirmó que persisten los daños en las paredes de El Rodeo y lamentó que la comunicación con las autoridades sea nula. “No hay un mecanismo de comunicación directo u oficial para conocer el estado de la estructura carcelaria”, indicó.
Baduel también señaló que, tras los sismos, se permitieron nuevamente las visitas familiares en El Rodeo, algo que no ocurría desde hacía meses, según los propios allegados de los detenidos. Sin embargo, la falta de transparencia sigue siendo una preocupación central.
El Clipp alertó el lunes pasado sobre “afectaciones severas” en Ramo Verde, lo que aumenta la vulnerabilidad de los presos políticos allí recluidos. El comité indicó que los internos solicitaron insumos básicos como colchonetas, carpas y alimentos, necesidades que se hicieron más urgentes tras el terremoto.
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La situación en El Rodeo se describe como igualmente vulnerable, con problemas logísticos y de seguridad que ya existían antes del sismo y que ahora se ven agravados. Los familiares también denunciaron que las autoridades pusieron en duda la necesidad de llevar insumos a los presos, lo que generó aún más tensión.
Hasta la fecha, el Gobierno venezolano no ha emitido un balance sobre el estado de los centros penitenciarios tras el doble terremoto, que dejó 2.295 fallecidos y 11.267 heridos en seis estados y Caracas, incluyendo Miranda.
El silencio institucional y la escasez de información técnica sobre las condiciones de las cárceles ponen en evidencia la desprotección de los presos políticos, quienes enfrentan no solo los estragos del sismo, sino también la incertidumbre sobre su seguridad y bienestar.
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(Con información de EFE)
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