Cero tolerancia. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, expresó que “seremos totalmente intolerantes” contra los funcionarios policiales que roban y cometen abusos en las zonas afectadas por los terremotos, que hasta el momento han dejado más de 1.900 muertos.
La declaración de Cabello surgió luego de que gracias a las denuncias de ciudadanos a través de las redes sociales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) anunciara la captura y destitución de cuatro agentes de ese organismo que estaban hurtando dinero de víctimas en el estado La Guaira, la zona más golpeada por el doblete sísmico que se registró el 24 de junio.
PUBLICIDAD
“Se constató que un grupo de funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”, indicó por medio de un comunicado el CICPC, que difundió en sus redes las imágenes de los efectivos detenidos.
Valentía
La institución expresó: “Agradecemos a la ciudadanía que, con valentía y responsabilidad, denunció estos hechos y suministró el material que evidenció la irregularidad”.
Las aurtoridades actuaron luego de que se difundiera un video que muestra a uno de los policías tomando dólares en efectivo que se encontraban entre los escombros. Quienes confrontan al funcionario son un grupo de mujeres que le exigen que deje el dinero e incluso llegan a romper los billetes para que el hombre no cargue con ellos.
PUBLICIDAD

“Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que haciendo uso de su uniforme cometen actos contra la moral, las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos”, enfatizó Cabello.
En las redes sociales abundan testimonios de personas que cuestionan la labor de los uniformados en las labores de rescate. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) publicó este martes un mensaje en sus redes en el que recuerda que “beneficiarse de un desastre es un delito”.
“Funcionario o civil. Nadie está por encima de la ley. Quien robe, saquee, desvíe alimentos, medicinas, insumos o cualquier ayuda destinada, será investigado y puesto a la orden de las autoridades competentes”, advierte la DGCIM.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que tres reclusas murieron en septiembre por falta de atención médica
Una de las fallecidas fue directora de una cárcel y había sido identificada como presa política por distintas organizaciones, incluido el partido de María Corina Machado
Condenas de hasta 18 años para los militares marcan el cierre del juicio por Brazalete Blanco
El tribunal impuso 18 años de prisión al capitán retirado Ányelo Julio Heredia Gervacio. Condenados tres militares activos de la familia César Siero, así como un coronel y su esposa. Los militares habían sido degradados y expulsados de la Fuerza Armada en enero 2024. Fueron absueltos los civiles Rocío San Miguel, Alejandro González y dos activistas de Vente Venezuela

A 100 días de los terremotos en Venezuela, miles de familias siguen sin poder volver a sus casas
ACNUR advirtió que la emergencia avanza hacia una etapa de recuperación pero que las necesidades humanitarias siguen siendo enormes. Solo el 31% de los fondos requeridos para la respuesta está financiado.

El FMI analiza abrir una oficina en Venezuela, pero aseguró que Delcy Rodríguez no solicitó financiamiento hasta el momento
El organismo prestamista internacional analiza con las autoridades de Venezuela la apertura de una sede en el país caribeño para restablecer la cooperación técnica, aunque aún no definieron las modalidades ni el calendario
Liberaron al diplomático venezolano Aldo Perfetto tras permanecer más de un año detenido en Caracas
El funcionario de carrera fue arrestado por agentes de la DGCIM el 21 de marzo de 2025, cuando regresaba de México con una valija diplomática y quedó involucrado en una investigación por un presunto faltante de USD 6 millones vinculado con trámites consulares



