Un grupo de ex presos políticos venezolanos se reunió este martes con el personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Caracas para denunciar retrasos sistemáticos y negaciones injustificadas en la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada el 19 de febrero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La delegación, encabezada por la Red de Excarcelados por la Democracia (RED), advirtió que más de 400 personas permanecen encarceladas por razones políticas.
El periodista y activista Carlos Julio Rojas, detenido desde 2024 y liberado en enero, describió el encuentro como “muy productivo” y señaló que los participantes expusieron ante los funcionarios de la ONU “una situación muy grave” relacionada con la aplicación de la ley. Rojas denunció que la norma “se ha hecho con una selectividad perversa” y cuestionó que se desconozcan los criterios con que los tribunales aprueban o rechazan las peticiones. “Mi caso y el de muchos están engavetados. Tengo más de un mes que solicité la amnistía y lo que me dicen en el tribunal es que están esperando órdenes de arriba”, declaró.
La ley establece un plazo de 15 días para que los juzgados resuelvan cada solicitud, límite que se incumple de manera generalizada, según los denunciantes. Rojas alertó además de lo que describió como una “oleada de negaciones sin ningún tipo de argumento” y cuestionó que quienes evalúan los expedientes sean los mismos jueces que procesaron a los detenidos. “Quienes están evaluando nuestros casos son nuestros verdugos”, afirmó, antes de exigir al fiscal general Larry Devoe que explique públicamente los criterios de cada rechazo.
Las denuncias coinciden con lo registrado por organizaciones de derechos humanos. Foro Penal, principal ONG de defensa de presos políticos, contabilizó el 11 de abril un total de 485 personas aún detenidas por razones políticas y advirtió que la ley opera como un “embudo” que frena las liberaciones. Según cifras oficiales, 8.351 personas han obtenido libertad plena en el marco de la amnistía, aunque la mayoría ya tenía medidas cautelares y no se encontraba encarcelada.
El ex diputado Williams Dávila, detenido en 2024 y excarcelado en 2025 mediante una negociación con participación del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que el régimen chavista tampoco ha devuelto bienes incautados. “No puede haber una real y verdadera transición en Venezuela mientras existan presos políticos”, afirmó, tras recuperar la libertad plena en marzo. Dávila aún aguarda la devolución de un vehículo confiscado.
La ley cubre solo 13 episodios de crisis política dentro de un período que en principio abarca 27 años y excluye a quienes fueron procesados por rebelión militar, homicidio, corrupción o violaciones a derechos humanos. El alto comisionado de la ONU Volker Türk reclamó al régimen venezolano la publicación de un listado de amnistiados, petición aún sin respuesta. Según Foro Penal, 191 militares considerados presos políticos permanecen sin acceso a la amnistía.
La denuncia ante la ACNUDH expone una contradicción de fondo: el aparato judicial que debe aplicar la ley es el mismo que durante años procesó a los imputados por causas políticas. Sin renovación de jueces y fiscales ni mecanismos de rendición de cuentas, la posibilidad de una transición real permanece como una promesa sin garantías.
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