Hace muchos años los argentinos juntaban pilas en una botellita plástica y las llevaban luego a algún sitio que se ocupara de su tratamiento. Ese hábito fue perdiendo fuerza a medida que el tema fue desapareciendo de la agenda y las campañas ambientales.
Se sabe muy poco sobre cuán intenso y peligroso puede ser el impacto que tienen sobre el ambiente. Una batería de mercurio puede contaminar 600 mil litros de agua, una alcalina unos 167 mil y una de óxido de plata hasta 14 mil litros. Una sola pila de reloj pulsera puede llegar a contaminar toda el agua de una pileta olímpica.

Los componentes que contienen las pilas y baterías son elementos muy tóxicos, por eso es importante ser responsable una vez que su vida útil haya culminado. Lo primero que hay que saber es que es muy peligroso depositarlas junto con los residuos domésticos.
Vale aclarar que hay algunas pilas más peligrosas que otras: por ejemplo, las denominadas alcalinas -si no contienen litio, cadmio o mercurio- no entran en la categoría de "residuo peligroso". Pero hay un problema: hay muchas marcas, muchos tipos y mucha confusión. Por ende lo mejor es ponerlas a todas en la misma categoría.

La mayor parte de las pilas contiene sustancias como mercurio, cadmio, litio o plomo, que son sumamente peligrosas tanto para la salud como para el ambiente. Lamentablemente, en Argentina aún se las sigue descartando en la basura doméstica. Esto significa que poco tiempo después estarán contaminando un relleno sanitario o, lo que es peor, alguno de los cinco mil basurales a cielo abierto que existen en el país. Si, además, son incineradas en alguna "quema" serán mucho más tóxicas aún, pues el mercurio y el cadmio, entre otros metales, con el calor se convierten en amenazantes generadores de gases de efecto invernadero.
El mal uso de las baterías después de su vida útil es muy común en la sociedad y si no se toma conciencia del daño que se le hace al planeta con esta acción el ambiente continuará recibiendo el impacto.

Es necesario volver a profundizar campañas de lucha contra la contaminación que generan las personas. Y para ello es fundamental que se brinde información clara sobre la peligrosidad de algunos desechos.
En conjunto con esta acción, el Estado debe asumir la responsabilidad de formar a la población en materia de reciclaje y de abrir centros a los que los ciudadanos puedan acudir, tanto para informarse como para depositar desechos dañinos para su correcto tratamiento.
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