Meta afronta un juicio billonario que pone en peligro financiero su negocio: la acusan de generar adicción a las redes sociales en niños

Inicia uno de los procesos judiciales más tensos en la industria tecnológica, en el que se ponen frente a frente Meta y una coalición de 29 estados de los Estados Unidos. Este proceso podría marcar un antes y un después en la historia de las redes sociales, tanto por el alcance económico como por los cambios que podría haber en estas aplicaciones y su impacto en los usurios.

La demanda, presentada en 2023, acusa a la empresa de Mark Zuckerberg de fomentar deliberadamente la adicción a las redes sociales entre niños y adolescentes, además de recopilar datos de menores de 13 años de edad sin consentimiento parental.

El monto reclamado por daños supera los 1,4 billones de dólares (1,4 millones de millones), una cifra que iguala el valor bursátil de la compañía y que, de concretarse, podría llevarla a la bancarrota.

Por qué están demandando a Meta

El eje central de la demanda sostiene que la empresa diseñó y mantuvo funciones en Facebook e Instagram con el objetivo de captar y retener a usuarios jóvenes, a sabiendas de los riesgos que esto conllevaba para su salud mental.

Según los fiscales, la motivación detrás de estas prácticas era maximizar las ganancias derivadas de la publicidad online, que representa el 98% de los ingresos de la empresa.

Los estados demandantes afirman que la compañía ha utilizado tecnologías avanzadas para desarrollar productos que resultan especialmente adictivos para niños y adolescentes. Además, Meta habría recolectado sistemáticamente información personal de menores de 13 años sin las autorizaciones requeridas, infringiendo la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) y otras leyes de protección al consumidor.

La acusación sostiene que, pese a conocer los peligros, la empresa no solo no advirtió adecuadamente a los usuarios ni a sus familias, sino que también habría minimizado o negado públicamente los riesgos. El fiscal general de California, Robert Bonta, señaló que la compañía “diseñó un producto peligroso para los usuarios jóvenes”, era consciente de ello y “luego mintió a los niños, a las familias y a la comunidad sobre el grado de dicho peligro”.

Cómo será el desarrollo del juicio contra Meta

El juicio, que se inicia en un tribunal federal de Oakland, California, reúne a los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey como primeros demandantes, aunque se prevé que los otros 25 estados celebren sus propios procesos más adelante. La selección del jurado tuvo lugar la semana pasada, y los argumentos de apertura se presentan este martes 18 de agosto de 2026.

La importancia del tribunal californiano es especialmente significativa, ya que se trata del estado donde Meta tiene su sede y donde las autoridades ejercen el mayor alcance legal sobre la compañía. Para muchos analistas, este caso se asemeja a las demandas masivas contra las tabacaleras en los años noventa, cuando las multas multimillonarias transformaron radicalmente ese sector.

El precedente inmediato más relevante para Meta es el reciente fallo en Nuevo México, donde la empresa fue condenada a pagar 567 millones de dólares a un fondo de salud mental para jóvenes, además de otros 375 millones por un juicio anterior en marzo, ambos por no proteger adecuadamente a los menores de los riesgos en sus plataformas.

En ese caso, el juez Bryan Biedscheid subrayó que las pruebas presentadas demostraron la contribución de las redes sociales de Meta a la crisis de salud mental juvenil en el estado.

Cuál sería el impacto económico y empresarial a Meta

La cifra de 1,4 billones de dólares que reclaman los estados demandantes podría, en teoría, llevar a Meta a la bancarrota y forzar una reestructuración que pondría incluso en riesgo la continuidad de la empresa bajo la actual propiedad. La propia compañía reconoció en un expediente judicial que esta suma es casi tan alta como toda su capitalización bursátil.

Sin embargo, los expertos consideran poco probable que el tribunal imponga una sanción de semejante magnitud, ya que no existen antecedentes de una multa de tal envergadura en la historia de la protección al consumidor.

En términos prácticos, el tribunal tiene un amplio margen para determinar la cuantía de la sanción si Meta resulta responsable. James Grimmelmann, profesor de derecho en Cornell, enfatizó que una indemnización de esa escala “llevaría a Meta a la bancarrota, arruinaría a sus propietarios y, efectivamente, daría lugar a que los estados sean dueños de Meta”, aunque calificó este escenario como extremadamente improbable.

Más allá del impacto financiero, un fallo adverso obligaría a la empresa a modificar de forma sustancial el funcionamiento de Facebook e Instagram. Esto podría incluir desde cambios en los algoritmos para frenar los mecanismos adictivos hasta nuevas restricciones en la recopilación de datos y en el acceso de menores a las plataformas.

De hecho, Meta ya ha introducido recientemente medidas como cuentas privadas por defecto para adolescentes en Instagram, controles parentales y el uso de inteligencia artificial para detectar la edad real de los usuarios.