Roger Mariaca: ascenso, poder y la vertiginosa caída del fiscal general de Bolivia acusado de vínculos con el narco

Roger Rider Mariaca Montenegro era considerado hasta el miércoles uno de los hombres más poderosos de Bolivia (o el más). Ese día, cerca de la medianoche y después de realizar un vuelo de Sucre a Santa Cruz de la Sierra, fue detenido por policías en el aeropuerto Viru Viru. Dos días antes, el Departamento de Estados Unidos lo había incluido en la lista de personas a las que les revocaba la visa por presuntos vínculos con el narcotráfico. Roger Rider Mariaca Montenegro era el fiscal general de Bolivia.

Mariaca, de 38 años, pasó de ser un abogado independiente al hombre encargado de la persecución penal en su país en una carrera meteórica: se licenció de la universidad pública de Santa Cruz, obtuvo maestrías y diplomados en Derecho Penal, fue docente, vocal del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados; vocal de una comunidad guaraní y Fiscal Departamental de Santa Cruz, la región más poblada y posiblemente con mayor carga procesal del país.

Su trayectoria está atravesada por episodios controvertidos. Cuando era abogado independiente fue defensor de la familia Candia-Castedo, acusada por narcotráfico en un caso relacionado a una avioneta cargada con droga que fue detenida en Paraguay con 300 kilos de cocaína.

Cuando era fiscal de Santa Cruz dirigió las investigaciones contra Sebastián Marset, el famoso narcotraficante uruguayo que radicó en Bolivia hasta marzo de este año cuando fue capturado y expulsado a Estados Unidos. En 2023, con Mariaca en la Fiscalía de Santa Cruz y Eduardo Del Castillo en el Ministerio de Gobierno, Marset logró huir de un operativo en su contra. Tres años más tarde se revelaría que permaneció libre e impune en Bolivia, presuntamente con protección de Mariaca a quien en un video se lo escucha calificar como “un amigo”.

También tuvo entre las manos casos de alta repercusión política como los que se siguieron contra el exgobernador Luis Fernando Camacho o la ex alcaldesa Angélica Sosa, acusada de corrupción en el caso denominado “ítems fantasmas”. Con casos de interés mediático, Mariaca nunca tuvo un perfil bajo.

Fuera de estos procesos, hubo una serie de casos vinculados al narcotráfico que durante su gestión tuvieron decomisos e imputaciones, pero que permanecieron abiertos o sin sentencia pública. Un reportaje de la Agencia de Noticias Fides presenta un registro de todos esos procesos.

Con esa trayectoria, en 2024 se presentó como postulante al cargo del Fiscal General del Estado, que se elige por votación en la Asamblea Legislativa. Inicialmente no estaba entre los favoritos para ocupar el cargo, pero logró pasar todas las pruebas y votaciones.

Durante el proceso de selección, fue impugnado por cinco personas que señalaron supuestas irregularidades en su postulación e incumplimiento de requisitos.

Algunos diputados denunciaron entonces que Mariaca estaba comprando votos a través de intermediarios. Una fuente que entonces integraba el Legislativo contó a Infobae que “a cada diputado que votó por él le pagaron entre cinco mil y seis mil dólares” y que se les entregó una lapicera que borraba, para que pudieran mandar una foto de su voto a sus jefes de bancada y luego cambiarlo secretamente.

Estas denuncias nunca fueron probadas pero el resultado de la votación provoca sospechas. Mariaca superó los dos tercios -115 votos de 161- con apoyo de legisladores de todas las bancadas: desde el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) hasta el conservador Creemos.

“Es uno de los desafíos más honrosos de mi vida”, afirmó Mariaca, entonces de 36 años, al asumir uno de los puestos más importantes del país. “El cargo significa un compromiso inquebrantable con la justicia”, añadió.

Su elección coincidió con la agudización de la crisis interna del MAS y la disputa caníbal entre el entonces presidente Luis Arce y Evo Morales, su antiguo jefe y mentor. El rol de Mariaca tendría entonces profundas implicaciones políticas.

El fiscal no tardó en marcar posición: el 17 de diciembre, un mes después de haberse emitido la primera orden de aprehensión contra Morales por una acusación de trata de personas, salió ante los medios y dijo que pediría seis meses de detención preventiva contra el expresidente una vez que sea capturado; anuncio que no tuvo oportunidad de cumplir porque la orden de arresto nunca se ejecutó.

La postura del poder político frente a Mariaca nunca ha sido neutral y ha generado tanto críticas como alabanzas. Sus detractores lo acusan de corrupción y de proteger a narcotraficantes, mientras que sus aliados lo llenaron de medallas y diplomas de reconocimiento.

En los últimos dos años, Mariaca recibió al menos 25 homenajes y distinciones y fue nombrado doctor honoris causa de dos universidades. Los halagos vinieron de todo lado: desde la Cámara de Senadores hasta la Alcaldía de Santa Cruz, pasando por el Tribunal Supremo Electoral y la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas, por citar solo algunas entidades.

“Son reconocimientos oportunistas e interesados para obtener favores, quedar bien o sacar alguna ventaja. Hay personas con más méritos para reconocimientos, pero se distorsionan las valoraciones”, afirmó el exdirector del Observatorio Político de la Universidad Gabriel René Moreno, Daniel Valverde. Según el analista, muchos de estos reconocimientos fueron para “quedar bien” y para que “cuando le toque a uno (enfrentar la justicia), no se olvide que fue artífice de una condecoración ”.

La Justicia en Bolivia es precisamente una de las instituciones más vulnerables a decisiones arbitrarias, donde la voluntad de un juez puede terminar imponiéndose a la institucionalidad. El informe de 2025 de World Justice Project (WJP) sitúa al país en el puesto 131 de 143 países en el Índice de Estado de Derecho y revela graves deficiencias en materia de independencia judicial y ausencia de corrupción.

El punto de inflexión en la gestión de Mariaca llegó cuando se convirtió en una figura incómoda para el Gobierno de Rodrigo Paz. Si bien hubo casos previos relacionados a contrabando de oro y otros, el detonante final fueron las investigaciones que involucran a su asesor principal Fernando Cerimedo, el consultor político argentino acusado de tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito, violencia doméstica y encubrimiento al narcotráfico.

Mariaca dirigió la investigación judicial de la Fiscalía contra Cerimedo, sobre quien se difundieron acusaciones de corrupción que salpican incluso a la familia del presidente Paz.

Luego de que Estados Unidos le revocara la visa el 28 de septiembre, alegando indicios de favorecimiento al narcotráfico, Mariaca vinculó la medida con las investigaciones que llevaba adelante contra el asesor principal de Paz. El fiscal calificó la decisión de Washington como un acto de injerencia y presión política.

“No puedo permitir que mi carrera, mi trayectoria y mi imagen sean afectados sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos”, afirmó en una conferencia de prensa en la que apareció rodeado de treinta funcionarios.

“Sabemos que el trabajo que venimos realizando no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto dentro como fuera de nuestro país”, afirmó y agregó que algunas investigaciones, citando particularmente la de Cerimedo, tienen repercusiones en ámbitos políticos. “Ninguna presión política nacional o internacional puede convertirse en un impedimento para esclarecer hechos que deben ser investigados”, señaló.

Los acontecimientos posteriores se precipitaron como una tormenta confusa. Mariaca fue detenido por policías la noche del 30 de septiembre en una acción que su defensa considera ilegal: no había una orden de captura ni fue encontrado en flagrancia. Junto a él cayeron otros tres fiscales que a los que había designado.

En la madrugada del jueves se aprehendió a cuatro personas que estaban sacando en una ambulancia fajos de billetes de su casa y luego se aprehendió a su edecán, también en posesión de una alta suma de dinero. En total, los medios bolivianos reportaron el secuestro de 420 mil dólares.

El Gobierno lo acusa de haber montado una “organización criminal” en la Fiscalía “destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”. El viernes, la Asamblea Legislativa convocó a una sesión maratónica en la que se modificó la ley del Ministerio Público para incluir la imputación como causal para la destitución de un fiscal, en medio de acusaciones de inconstitucionalidad.

La caída de Mariaca cierra, por ahora, su vertiginosa carrera. Pero deja abiertas la preguntas más difíciles: hasta donde llegaba la red que ahora se investiga, quiénes más la integraban y si su caída terminará favoreciendo al Gobierno en las investigaciones sensibles que lo implican. Como dijo el vocero del gobierno: “Esto recién comienza”.