¿Qué ocurre con la fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela?

En Venezuela se está desarrollando un proceso de negociación singular, en el que ambos bandos parecen recibir órdenes de un único interlocutor externo. Esto plantea una pregunta: si ambas partes reciben instrucciones de la misma fuente externa, ¿por qué no logran llegar a un acuerdo con mayor rapidez? ¿Por qué no construir un proceso basado en principios éticos y resolver los problemas relacionados con el déficit democrático y las violaciones de los derechos humanos en Venezuela?

Quizás el problema sea algo más complejo —dado que todas las cuestiones venezolanas están sumamente entrelazadas— y estos procesos adolecen invariablemente de los mismos defectos, las negociaciones se estancan en asuntos secundarios, aun cuando el tratamiento de estos puntos accesorios influye en las posibilidades de resolver los problemas prioritarios. En lo que respecta a estas cuestiones secundarias, los negociadores a menudo se dejan absorber tanto por la dinámica del régimen que terminan reproduciendo patrones de violación constitucional e infracción de las normas internacionales vigentes en materia de democracia y derechos humanos.

Ya estamos en octubre; no solo no se han celebrado elecciones, sino que ni siquiera se ha fijado una fecha; está claro que no se vislumbra ningún plazo electoral en el horizonte. Con la perspectiva que dan diez meses, resulta evidente que fijar la fecha de los comicios ahora —en octubre— difiere considerablemente de haberla fijado en enero o febrero. Si la fecha se hubiera establecido antes, el calendario electoral se habría convertido en la prioridad, en lugar de ser la supervivencia del régimen delciniano la prioridad. Esta situación ha hecho que los negociadores pierdan su legitimidad. Se trata de un punto muy grave, pues la situación es muy distinta cuando las partes implicadas llegan a esta etapa careciendo de legitimidad. Los representantes del régimen, por su parte, adolecen manifiestamente de todas las formas imaginables de ilegitimidad en cuanto a origen. Llevan años usurpando el poder. Ya en 2017 se constató una ruptura del orden constitucional en Venezuela; desde entonces, la reelección de Maduro —así como cualquier proceso electoral posterior, ya fuera nacional o subnacional— ha estado marcada por la ilegitimidad. Por otro lado, la otra delegación se enfrenta al siguiente problema: el mandato para el que sus miembros fueron elegidos inicialmente expiró hace mucho tiempo y, en los últimos ciclos electorales —ya se tratara de primarias o de elecciones nacionales—, no han desempeñado ningún papel significativo en la percepción pública, es decir no han marcado significativamente desde el punto de vista electoral.

Otro aspecto negativo tiene que ver con la cuestión de los presos políticos. Para cualquier negociador serio, exigir la liberación de todos los presos políticos debería ser algo evidente; sin embargo, siguen utilizándose como moneda de cambio. Hay más de 400 en Venezuela, incluidos, por supuesto, militares que optaron por defender la Constitución en lugar de obedecer al narco-dictador; en realidad, estos soldados siguen expuestos a las peores represalias y abusos. Todo ello por haber tomado una decisión mucho más valiente que la de muchos líderes políticos latinoamericanos que se escudaron tras el narco-dictador.

Esto genera, naturalmente, una incertidumbre constante entre los miembros de la oposición venezolana que buscan una solución para su país: una solución que conlleva necesariamente un cambio de régimen. A este respecto, desconozco cuándo arraigó la idea distorsionada de que los cambios de régimen son reprobables; sin embargo, no deberían considerarse tales cuando se transita de la dictadura a la democracia, sino únicamente en el caso inverso: es decir, el paso de la democracia a la dictadura. No obstante, debido a una peculiar lógica regional y a la falta de ética de gran parte de la clase política, este concepto ha derivado en una paranoia —lo opuesto a lo que debería ser— y contradice lo dispuesto en la Carta Democrática Interamericana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por supuesto, si esta negociación se hubiera basado en un mínimo de ética y guiado, aunque fuera brevemente, por principios morales, ambas partes —incluido su interlocutor distante— ya habrían facilitado el regreso de María Corina Machado a Venezuela. Nada de esto ha sucedido; y aquellos de nosotros que hemos tenido que afrontar el “lodazal” de la política sin mancharnos las manos debemos comprender, tal vez, que otros carecen de tales escrúpulos y que, al participar en esta lucha, se ensucian tanto como pueden. En este sentido, asistimos a situaciones verdaderamente extraordinarias: ambas partes negociadoras, junto con su contraparte distante, parecen estar de acuerdo en violar la Constitución venezolana mediante el nombramiento de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia. Al hacerlo, desprecian los juramentos prestados —conforme a la Constitución— ante la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015; juramentos que garantizaban a estos magistrados un mandato de doce años a partir de 2017. Considero que los negociadores deberían preocuparse por no vulnerar la Constitución de su país, tal como aparentemente se cuida no violar la de Estados Unidos.

La Constitución venezolana ha soportado toda suerte de atropellos y violaciones a manos de dictadores, pero también —cuando la ocasión lo propició— a manos de aquellos que, en algún momento, sirvieron a sus intereses. Algunos actuaron por puro oportunismo, pues el mundo empresarial es cruel y despiadado, y los intereses económicos y financieros derivados de los recursos de Venezuela han generado, sin duda, fortunas para muchos. Otros cedieron bajo coacción: el miedo no es tonto y engendra ira; por ello, es comprensible que quienes fueron amenazados o presionados terminaran cediendo. En cuanto a aquellos que fueron tomados como rehenes por la dictadura, encarcelados por motivos políticos o torturados, resulta comprensible que —aun sabiendo que tales prácticas no deberían regir el juego político— optaran en algún momento por colaborar de una manera que hirió profundamente a quienes respetaban su integridad y su trayectoria política. Sin embargo, esto sigue ocurriendo, porque vivimos una época en la que los negocios en Venezuela tienen gran peso: así como la miel atrae a las moscas, la miel del dinero ha atraído siempre a las moscas de la política. Así como los bolichicos y especies semejantes que medraron siguen haciéndolo. Es cruel, pero es la realidad.

Hemos constatado que la falta de representatividad de los negociadores permanece inalterada; resulta, cuanto menos, sorprendente que se elija para negociar a personas que representan —quizás— aún menos votos que el propio régimen. No obstante, esto no supondría un problema si demostraran firmeza; si, a falta de un mandato emanado de las urnas, asumieran al menos el papel de defensores de los intereses éticos del pueblo venezolano.

Exijo un nivel mínimo de exigencia ética: sencillamente, la posibilidad de que los individuos antepongan su propia dignidad a las instrucciones que reciben o a los intereses económicos surgidos, sin legitimidad alguna, de una dictadura. Vemos a políticos revolcarse en el barro para entretener a quienes se han beneficiado de la manera más abyecta de lo que pertenecía al pueblo venezolano: no solo el petróleo o los minerales raros, sino también la libertad de cada venezolano y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

Luis Almagro / Instituto CASLA