Cuando el presidente publicó su columna en el Financial Times y propuso convertir a la Argentina en un polo global de innovación en inteligencia artificial, la pregunta que quedó flotando no era tecnológica sino jurídica: si una máquina autónoma toma una decisión que daña a alguien, ¿quién paga los platos rotos?
Alan Daitch, especialista en derecho tecnológico, durante su diálogo con Infobae al Regreso sostuvo: “En el fondo, siempre hay una persona física o jurídica que responde, aunque la administración sea automatizada”. La frase suena a perogrullo, pero en el contexto del debate que abrió el gobierno, tiene el peso de una sentencia.
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La trampa de la “non-human corporation”
El proyecto oficial propone otorgar personalidad jurídica a agentes de IA y a organizaciones autónomas descentralizadas, bajo el concepto de non-human corporation.
Para Daitch, la propuesta tropieza con una contradicción elemental: “La ley exige que los accionistas de cualquier empresa sean personas. Alguien pone capital y alguien es responsable si algo sale mal”. Fue categórico: “No existe un registro propietario de empresas de inteligencia artificial ni la IA es un sujeto de derecho”.
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“No hay novedad estructural; solo un nuevo ropaje para figuras que ya existen”, explicó el especialista. El debate cobró más densidad cuando los conductores del programa preguntaron por los algoritmos que toman decisiones sensibles: otorgar o denegar un crédito, asignar o quitar un beneficio social.
Daitch fue preciso: “En Argentina ya existe jurisprudencia que impide usar datos personales para un fin distinto al que fueron entregados sin permiso expreso. La clave central es quién tiene la propiedad de los datos”.
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La discusión se hizo más concreta cuando el panel recordó el caso de los “gemelos digitales” anunciados por el Ministerio de Capital Humano, que generó polémica por la falta de claridad sobre el manejo de información personal. El economista Martín Tetaz precisó: “El objetivo era construir un modelo de comportamiento sin identificar individualmente a las personas. El problema es cómo se garantiza que eso se cumpla”.
La batalla internacional y los riesgos de la desregulación
Daitch describió el contexto global: “Hay una batalla mundial entre Estados Unidos y China por la inteligencia artificial. Son los únicos con el capital y el talento suficiente para competir. El resto, incluida Europa, queda mirando desde afuera”. En ese marco, la apuesta argentina de desregular para atraer inversión adquiere lógica, aunque no está exenta de riesgos.
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El poder de las grandes tecnológicas apareció como una advertencia: “Estamos en un mundo donde las compañías tienen más poder que los gobiernos”, afirmó Daitch. “La única forma de equilibrar intereses económicos y sociales es con regulación. Sin reglas, la obligación de maximizar ganancias terminará imponiéndose por sobre la ética y el beneficio común”.
Uno de los momentos más lúcidos de la entrevista llegó cuando Daitch abordó los límites técnicos de la transparencia. “No existe una manera real de abrir el ‘capó’ de los algoritmos y entender exactamente cómo toman decisiones. Todo se reduce a millones de parámetros numéricos. Por eso, la supervisión externa es indispensable”.
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Diego Iglesias recordó que Chris Olah, CEO de Anthropic, reconoció durante la presentación de la encíclica papal sobre IA: “Muchas veces, ni quienes construyen estos sistemas entienden cómo deciden”.
La columna presidencial en el Financial Times habla de no poner “la mano mortal de una regulación prematura” sobre la tecnología. Daitch no discute la ambición, pero sí la ingenuidad de creer que sin reglas el mercado resolverá lo que los estados no quieren abordar. “La inteligencia artificial no es un sujeto de derecho. Pero las consecuencias de sus errores las padecen sujetos muy concretos”, concluyó.
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