Un hecho inusual marcó el inicio de una charla pública en el teatro Sydney Goldstein de San Francisco cuando Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, fue citado judicialmente en pleno escenario. El incidente, presenciado por el público y figuras como el entrenador de baloncesto Steve Kerr, generó sorpresa entre los asistentes.
Un hombre subió al escenario y anunció que portaba una “citación para Sam Altman”, lo que provocó abucheos inmediatos de la audiencia. Altman no tomó el documento, mientras el individuo era escoltado fuera del escenario. El moderador del evento, Manny Yekutiel, comentó con ironía: “Vaya, ya empezamos de forma dramática”.
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El responsable de la entrega resultó ser un empleado de la Defensoría Pública de San Francisco. Según confirmó la oficina a SFGate, la citación era auténtica y respondía a un proceso penal en curso. Valerie Ibarra, portavoz de la Defensoría Pública, explicó que un investigador de la institución entregó legalmente la citación a Altman porque es un posible testigo en un caso penal pendiente.
La funcionaria añadió que, antes del episodio en el teatro, los investigadores intentaron notificar a Altman en la sede de OpenAI y a través de su portal en línea, sin éxito.
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Tensión entre activistas y OpenAI
La acción fue reivindicada poco después por el grupo activista Stop AI, que asumió la responsabilidad a través de sus redes sociales. Algunos de sus miembros enfrentan actualmente un juicio por haber intentado bloquear en repetidas ocasiones el acceso de empleados de OpenAI a las oficinas de la empresa, incluyendo una protesta en febrero que atrajo la atención mediática. La organización sostiene que estas acciones constituyen protestas no violentas amparadas por la ley.
La citación judicial exige la comparecencia de Altman en el juicio, que, según Stop AI, tiene implicaciones de gran alcance. El colectivo ha manifestado que su objetivo es prohibir el desarrollo de una superinteligencia artificial, argumentando que esta tecnología representa una amenaza existencial para la humanidad. En palabras del grupo: “Todas nuestras acciones no violentas contra OpenAI fueron un intento de frenar a OpenAI en su intento de asesinar a todos y a todo ser vivo en la Tierra”.
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Las protestas contra OpenAI no son un fenómeno aislado. En julio, activistas se manifestaron frente a la residencia de Altman en el área de la bahía de San Francisco, criticando su apoyo a políticas y figuras políticas específicas, así como el impacto de las decisiones fiscales en los programas sociales.
Asimismo, la compañía ha enfrentado cuestionamientos por el uso de obras de artistas sin autorización en el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial. En noviembre pasado, un grupo de artistas que tuvo acceso anticipado a la herramienta de generación de video Sora filtró el software al público, acusando a OpenAI de intentar utilizarlos como “instrumentos de relaciones públicas” para encubrir el historial de la empresa en el uso de material protegido.
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El trasfondo de estas protestas se vincula a un debate más amplio sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Aunque Stop AI ha adoptado una postura especialmente alarmista, el propio Altman ha advertido en reiteradas ocasiones sobre los peligros potenciales de la IA.

El director de OpenAI ha señalado que esta tecnología podría destruir empleos, transformar de manera irreversible la sociedad, provocar crisis de fraude masivo, aumentar la desigualdad, consolidar la vigilancia masiva e incluso poner en peligro la supervivencia de la humanidad.
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El proceso judicial en curso representa un momento inédito: por primera vez, un jurado ciudadano deberá deliberar sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial constituya una amenaza para la existencia humana.
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