El Gobierno de Nueva Zelanda analiza la posibilidad de establecer una ley que prohíba el acceso a redes sociales para menores de 16 años. La iniciativa, respaldada por el primer ministro Christopher Luxon, se presenta como una respuesta a la preocupación creciente sobre los efectos de estas plataformas en la salud mental de los jóvenes.
La propuesta impulsada por el Partido Nacional contempla una restricción legal que obligaría a las plataformas tecnológicas a impedir que menores de 16 años creen cuentas en redes sociales. Aunque aún no hay una fecha confirmada para su presentación ante el Parlamento, el proyecto ya fue aprobado por la bancada del oficialismo.
“Se trata de proteger a nuestros niños. Consiste en asegurar que las compañías tecnológicas desempeñan su papel en mantener a los niños a salvo”, declaró Luxon a medios locales tras una sesión parlamentaria en Wellington.
En caso de ser aprobada, la ley impondría sanciones a las empresas tecnológicas que no cumplan con la normativa. Las multas podrían alcanzar los dos millones de dólares neozelandeses, equivalentes a unos 1.05 millones de euros.
Antecedente en Australia
Australia fue el primer país en la región en implementar una medida de estas características. En noviembre de 2024, su senado aprobó por mayoría una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años.
La normativa establece multas de hasta 32.5 millones de dólares (30.7 millones de euros) a las plataformas que incumplan la disposición.
El texto recibió el respaldo de 34 senadores frente a 19 votos en contra, y ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes con 101 votos a favor y 13 en contra. Solo resta la aprobación de enmiendas técnicas para que la ley entre en vigor.
El rol de las plataformas
Ante las críticas sobre la exposición de menores a contenidos perjudiciales y el contacto con desconocidos, algunas empresas tecnológicas han comenzado a introducir nuevas restricciones.
Meta, matriz de Facebook, Instagram y Messenger, anunció recientemente una serie de medidas para limitar el uso de sus servicios entre adolescentes.
Desde septiembre de 2024, Instagram introdujo las llamadas “Cuentas para Adolescentes”, que activan por defecto configuraciones de seguridad que solo pueden ser modificadas con autorización parental.
Estas incluyen restricciones sobre el contenido accesible, filtros para mensajes no solicitados y límites en las recomendaciones personalizadas.
Además, se desactivan funciones como las transmisiones en vivo para menores de 16 años y se establecen controles para que los padres decidan si sus hijos pueden desactivar protecciones que difuminan imágenes potencialmente sensibles en mensajes directos.
Según datos publicados por Meta, el 97% de los adolescentes de entre 13 y 15 años que utilizan Instagram mantienen activas las configuraciones de seguridad iniciales, lo que muestra una adopción a estas restricciones en las interacciones digitales.
La empresa también reportó que más de 54 millones de usuarios adolescentes emplean estas cuentas, que también incluyen restricciones de búsqueda, control de comentarios y límites en la difusión de publicaciones.
Adam Mosseri, director de Instagram, indicó que estas medidas buscan brindar a los padres herramientas efectivas para supervisar la experiencia digital de sus hijos.
“Incluyen configuraciones de seguridad predeterminadas para adolescentes, como restricciones sobre el contenido que pueden ver y con quién pueden intercambiar mensajes”, señaló.
Las nuevas restricciones también se implementarán en Facebook y Messenger en los próximos meses, comenzando por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. La expansión global se realizará de manera progresiva.
La discusión sobre el acceso de menores a las redes sociales se ha intensificado en diversos países, con iniciativas legislativas que buscan regular el entorno digital para niños y adolescentes.
En el caso de Nueva Zelanda, el Gobierno aún evalúa los términos definitivos del proyecto, pero ha dejado claro que busca consenso político para avanzar con una legislación que podría marcar un cambio en la regulación del entorno digital juvenil en la región Asia-Pacífico.
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