Vuelve la estafa del router de Movistar, la modalidad perfecta para robar dinero con un falso contrato

Un repunte de estafas telefónicas, conocido como ‘vishing’, ha resurgido con una modalidad que simula un cambio de router de Movistar para obtener datos personales o bancarios.

El método utilizado por los estafadores implica hacerse pasar por técnicos o trabajadores de Movistar. En la llamada, el supuesto agente informa al usuario que se requiere cambiar el router por motivos técnicos, como la actualización a tecnología 5G.

Una vez establecido el contacto, el siguiente paso consiste en enviar un código por mensaje SMS al teléfono móvil del usuario. Al solicitar este código bajo el pretexto de completar el proceso de cambio de equipo, los estafadores no instalan un nuevo router, sino que realizan una portabilidad no autorizada del servicio a otra compañía.

Este procedimiento suele ir acompañado de cargos económicos adicionales y condiciones contractuales no solicitadas.

En algunos casos, se advierte incluso del corte inminente del servicio si no se acepta el supuesto cambio de dispositivo, lo que busca generar una respuesta rápida por parte del usuario.

En España, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que ninguna compañía puede realizar modificaciones contractuales sin notificación escrita previa con al menos 30 días de antelación.

Además, recomienda verificar cualquier tipo de oferta directamente a través de los canales oficiales de atención al cliente, especialmente cuando se informa de un cambio de tarifa o la necesidad de modificar el equipo instalado en el domicilio.

Otro elemento que caracteriza esta estafa es la estrategia de utilizar promociones inexistentes. En algunos casos, tras la negativa inicial del cliente, se ofrece como alternativa una mejora en la tarifa o la entrega gratuita del router, vinculada a una supuesta “marca blanca” asociada a la operadora original.

Sin embargo, lo que ocurre en realidad es un cambio de proveedor, sin el consentimiento consciente del usuario.

Una vez realizada la portabilidad, la nueva compañía se comunica para confirmar la instalación, momento en el cual ya se ha iniciado la ejecución del nuevo contrato.

En este punto, el cliente pierde el derecho de desistimiento, según lo estipulado en la normativa vigente, que establece un plazo de 14 días naturales para cancelar cualquier contrato realizado por vía telefónica o digital, siempre que no se haya comenzado la prestación del servicio.

Cómo evitar caer en la estafa: señales de alerta y pasos de protección

Frente a este tipo de estafas, expertos y organismos de defensa del consumidor recomiendan adoptar una serie de medidas básicas de prevención. La primera es desconfiar de cualquier llamada en la que se informe de un cambio obligatorio de router, una mejora de tarifa o una subida de precio sin previa notificación escrita.

En países como España, ninguna compañía puede modificar unilateralmente las condiciones del contrato sin avisar con al menos 30 días de antelación, tal como lo exige la normativa vigente.

Otro elemento clave es verificar el número desde el que se realiza la llamada. En muchos casos, los estafadores utilizan teléfonos móviles o números que no corresponden con los canales oficiales de atención al cliente.

También es fundamental no compartir códigos recibidos por SMS ni proporcionar datos personales como el número del documento de identidad, dirección o información bancaria, a menos que se tenga la certeza absoluta de la identidad del interlocutor.

La OCU sugiere que, ante una posible estafa, el afectado presente una denuncia ante la Policía, contacte a su operadora original para informar del incidente y registre una reclamación formal en la nueva compañía que haya gestionado el cambio.

Este fenómeno no es exclusivo de una sola operadora. Según diferentes reportes, usuarios de varias compañías han sido blanco de esta modalidad. Las empresas que reciben a los nuevos clientes tras la estafa suelen declarar desconocimiento sobre las prácticas utilizadas para atraerlos, mientras que los responsables rara vez son identificados o sancionados públicamente.