España pone freno a los estafadores: llamadas y SMS comerciales serán prohibidos

El Gobierno de España ha aprobado una nueva normativa para combatir el fraude telefónico y la suplantación de identidad, una de las estrategias más utilizadas por estafadores en los últimos años. Con la entrada en vigor de esta ley, las llamadas comerciales desde números móviles quedarán prohibidas, y se bloquearán los SMS y llamadas fraudulentas provenientes del extranjero que aparenten tener numeración española.

La medida, que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), busca fortalecer la confianza en la red telefónica y proteger a los usuarios de engaños financieros y comerciales.

Cómo es la prohibición de llamadas comerciales desde móviles

Una de las principales medidas de la normativa es la prohibición total de realizar llamadas comerciales desde teléfonos móviles. Esto significa que las empresas que realizaban este tipo de comunicaciones solo podrán hacerlo a través de numeración geográfica (correspondiente a una provincia) o utilizando números gratuitos con prefijos 800 o 900.

Según el secretario general de Telecomunicaciones, Matías González, esta restricción responde a una de las tácticas más comunes de los estafadores, quienes utilizan números móviles para ganar la confianza de las víctimas y obtener información sensible, como datos bancarios.

Esta modalidad de fraude, conocida como spoofing, ha permitido a ciberdelincuentes suplantar la identidad de empresas y organismos oficiales con una apariencia legítima.

Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) jugará un papel clave en la supervisión de estas prácticas. Las operadoras tendrán un plazo de tres meses para implementar estas medidas, asegurando que cualquier llamada comercial que no provenga de una numeración autorizada sea bloqueada automáticamente.

Otra de las disposiciones fundamentales de la normativa es el bloqueo de llamadas y mensajes de texto fraudulentos. Para ello, los operadores deberán impedir las llamadas que usen numeración no asignada o que no pertenezcan a un cliente registrado. Esto evitará que los delincuentes utilicen números falsos para engañar a los usuarios.

Asimismo, la ley establece que todas las llamadas internacionales que simulen ser números españoles serán rechazadas por las operadoras, con una única excepción: aquellas realizadas por ciudadanos españoles en el extranjero utilizando servicios de roaming. Según Matías González, países como Reino Unido y Países Bajos han sido las principales fuentes de este tipo de fraudes, por lo que las nuevas restricciones buscan frenar el problema de raíz.

Las operadoras tendrán un plazo de 20 días desde la publicación del BOE para bloquear llamadas con numeración no asignada, mientras que la prohibición de llamadas comerciales desde móviles y el bloqueo de llamadas fraudulentas internacionales se hará efectiva en tres meses.

El crecimiento de las estafas telefónicas ha sido alarmante en los últimos años. Según datos del Ministerio para la Transformación Digital, los intentos de fraude a través de llamadas y SMS han aumentado en un 500% en la última década, ocasionando pérdidas millonarias tanto para usuarios como para empresas de telecomunicaciones.

Óscar López, ministro de Transformación Digital y Transparencia Pública, ha señalado que España “se pone a la cabeza de Europa” en la lucha contra estas estafas, siguiendo el ejemplo de países como Alemania y Bélgica, donde normativas similares han reducido hasta en un 90% los fraudes telefónicos.

WhatsApp y Telegram son un desafío diferente

A pesar de los avances que introduce esta normativa, un frente aún no regulado es el de las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, donde los estafadores también han encontrado un espacio para actuar.

Muchos fraudes actuales se realizan a través de mensajes de WhatsApp en los que los delincuentes se hacen pasar por familiares, bancos o cuerpos de seguridad. Sin embargo, la nueva regulación no contempla medidas específicas para estos canales de comunicación.

Matías González ha señalado que la ley está en una “primera fase” y que en los próximos meses se analizará su impacto para evaluar posibles ajustes. No se descarta que en el futuro se apliquen nuevas regulaciones para abordar también los riesgos asociados a la mensajería instantánea.