
El fiscal General Sandro Abraldes, que intervino en el juicio oral que condenó al músico Cristian “Pity” Álvarez a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Díaz, reiteró su satisfacción porque el tribunal validó la acusación de la Fiscalía, aunque dejó abierta la posibilidad de recurrir la pena una vez que los jueces difundan sus fundamentos. Tras el veredicto del pasado viernes, remarcó que una eventual apelación no cuestionaría la responsabilidad penal establecida en el debate.
En una entrevista con Radio con Vos, Abraldes recordó que la Fiscalía había solicitado una pena de 18 años y seis meses. El fiscal señaló que todavía desconoce los criterios con los que los jueces determinaron el monto de la sanción y explicó: “Tengo que esperar a ver qué fundamentos hay. Sin eso no puedo adelantar nada”.
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Sobre la posibilidad de recurrir la pena, el fiscal insistió en que deberá revisar primero los fundamentos y las reglas de admisibilidad aplicables a los recursos fiscales. “Si vemos que realmente hay un elemento serio, lo haremos. Si no, para ir a hacer una aventura a Casación, no”, destacó.
El representante del Ministerio Público distinguió la condena del alcance de una posible revisión ante Casación. “Hay una parte que no me genera agravio, que es la condena en sí”, afirmó al referirse al veredicto que consideró a Álvarez autor de un homicidio doloso, sin causas de justificación.

Abraldes también precisó que el arresto domiciliario dispuesto por el tribunal no supone una conversión inmediata y permanente de la medida cautelar. Álvarez permanece internado de manera involuntaria bajo el régimen de un juez civil, y la eventual ejecución de la domiciliaria dependerá de las condiciones que se definan para su cumplimiento.
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El tiempo de prisión preventiva deberá descontarse de la pena
El fiscal explicó que el tiempo que Álvarez pasó detenido antes de la sentencia deberá computarse a su favor. “Llevó un tiempo en prisión preventiva y ese tiempo la ley marca que, cuando uno lo cumplió en prisión provisional, se descuenta de la pena”, dijo.
Abraldes no precisó cuánto tiempo deberá restarse, aunque señaló que el acusado agotó el plazo máximo de prisión preventiva: dos años más un año adicional previsto para casos complejos. También mencionó un período previo de arresto domiciliario.
“Lo que sí seguro es que eso se va a descontar de la pena que en definitiva se le imponga”, sostuvo el fiscal. La definición sobre el cómputo quedará sujeta a los fundamentos de la sentencia.
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La Fiscalía había pedido que Álvarez fuera detenido cuando finalizara su internación, pero el tribunal adoptó una medida cautelar diferente. Abraldes señaló que el monitoreo electrónico impone obligaciones y condiciones para quien cumple la medida en su domicilio.
El fiscal evitó anticipar una posición sobre una eventual autorización para que el músico realice actividades laborales o dé recitales mientras permanezca bajo arresto domiciliario. Explicó que una respuesta previa podría ser usada por la defensa para cuestionar su intervención, luego de que ya hubiera sido recusado una vez.
La Fiscalía sostuvo que Álvarez tuvo capacidad para afrontar el juicio
Abraldes afirmó que el estado de salud de Álvarez fue una cuestión central durante el proceso, pero sostuvo que los informes médicos y lo ocurrido en las audiencias permitieron concluir que contaba con las capacidades mínimas para ser juzgado. “El día que declaró cinco horas estaba perfectamente con juicio conservado de realidad”, expresó.
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Según el fiscal, el acusado también participaba de conversaciones con sus abogados sobre las preguntas que debían formularse durante las audiencias. Aclaró que esa valoración no desconoce sus problemas de salud ni su adicción crónica desde temprana edad.
La acusación se apoyó, entre otros elementos, en el dictamen del médico forense Esteban Toro Martínez. Abraldes relató que el especialista consideró relevante que, después de los disparos, Álvarez se retirara del lugar, se subiera a un automóvil, le indicara a su pareja que se deshiciera del arma y luego asistiera a un concierto.

El fiscal también valoró el relato que Álvarez brindó al declarar en el juicio, cuando reconstruyó lo sucedido hasta el primer disparo. Según Abraldes, el acusado dijo: “Esto va contra mis principios. Esto que hice fue contra mis principios”.
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Abraldes rechazó que el proceso haya tenido como objetivo determinar si Álvarez era una persona peligrosa. “El juicio no se dio para discutir su peligrosidad, se dio para verificar la acusación de haberle disparado a alguien cuatro tiros en la cara”, señaló.
El fiscal definió al proceso como un juicio con “particularidades” y un alto nivel de desgaste para todas las partes. Las audiencias previstas inicialmente eran entre siete y ocho, pero el debate se extendió a casi 20 o 22 jornadas, según su estimación.
Abraldes atribuyó parte de esa prolongación a los reiterados planteos de la defensa sobre la capacidad de Álvarez para enfrentar el juicio. Explicó que esa discusión ya había sido resuelta antes del inicio del debate, aunque volvió a plantearse en cada audiencia.
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Para la Fiscalía, el juicio acreditó que Álvarez mató a Díaz y que no actuó bajo legítima defensa ni exceso en esa causal. Abraldes sostuvo que el tribunal consideró que existía un grado mínimo de imputabilidad, porque de haberlo declarado incapaz de comprender sus actos habría correspondido una absolución.
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