Condenaron a dos policías por falsificar verificaciones vehiculares en Santa Fe

La Justicia condenó a los suboficiales Bernardo Agustín González y Bruno Santiago Vignatti por cobrar dinero a cambio de emitir formularios de verificación automotor fuera del procedimiento establecido en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe. Ambos recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional y quedaron inhabilitados de manera perpetua para desempeñarse como policías.

Las sentencias incluyeron sanciones económicas de distinta magnitud. González, de 54 años, deberá abonar una multa de $11.520.000, mientras que Vignatti, de 36, tendrá que pagar $8.000.000. Además, los dos tienen prohibido portar o poseer armas de fuego durante tres años y no podrán acercarse a menos de 200 metros ni contactar a testigos y otros imputados en el expediente.

La investigación, según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, se concentró en presuntos pagos para obtener formularios 12, documentos exigidos para transferir la titularidad de vehículos o registrar unidades cero kilómetro. Los policías elaboraban, sellaban o firmaban esos documentos sin realizar las inspecciones sobre los automotores que prevé el trámite administrativo.

El juez Leandro Lazzarini dictó las condenas en un juicio de procedimientos abreviados realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. González y Vignatti fueron considerados autores de cohecho pasivo, figura penal que castiga al funcionario público que recibe dinero u otros beneficios para ejecutar u omitir actos vinculados con su cargo.

El fiscal Ezequiel Hernández, responsable de la causa, señaló que las conductas bajo investigación se habrían desarrollado de manera sostenida dentro de la planta de verificación vehicular de Esperanza.

De acuerdo con la acusación, el período investigado abarcó desde, al menos, enero de 2020 hasta septiembre de este año. La pesquisa no se limita a los dos policías condenados ahora, ya que contempla a otros integrantes de la fuerza y a una gestora vinculada con la circulación de los formularios.

El formulario 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA) certifica la verificación física de un vehículo y resulta obligatorio para determinadas inscripciones registrales, entre ellas las transferencias de dominio y el patentamiento de unidades nuevas. Su emisión exige una revisión por parte del personal habilitado.

Hernández sostuvo que una gestora entregaba dinero a policías para conseguir formularios confeccionados sin respetar ese circuito. “Los policías actuaban sin seguir el trámite administrativo estipulado y sin que los verificadores inspeccionaran por sí mismos los vehículos”, explicó el fiscal.

Según detalló el representante del Ministerio Público de la Acusación, algunos formularios ya se encontraban completos cuando eran intervenidos por los agentes. En otras situaciones, los efectivos los entregaban firmados, pero sin completar los datos correspondientes. Esa modalidad permitía que el documento fuera utilizado posteriormente sin que existiera una constatación directa del vehículo por parte de quien debía efectuarla.

El pago se habrían concretado mediante dos mecanismos. Parte de los pagos se hacía en efectivo durante encuentros personales y otra parte mediante transferencias bancarias.

Antes de las condenas de González y Vignatti, la causa ya había derivado en una sentencia contra el subinspector Luis Rodrigo Ulerich, de 35 años. Recibió tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para ejercer como policía y una multa de $17.260.000.

Con las nuevas resoluciones, son tres los funcionarios policiales condenados dentro de la investigación. A la vez, existe un cuarto integrante de la fuerza que permanece en prisión preventiva, mientras que una gestora fue imputada por su presunta participación en las maniobras examinadas por la Fiscalía.