
Un hombre de 45 años que cumplía arresto domiciliario fue identificado mientras realizaba compras en un centro comercial de la zona sur de la capital de Salta. La Justicia revocó el beneficio que debía cumplir en la casa de su madre y ordenó su prisión preventiva en la Alcaidía General.
La medida fue resuelta en una audiencia presidida por el juez del distrito Centro, José Luis Musa, quien aceptó el pedido formulado por el fiscal penal 2 del distrito Centro, Esteban Martearena. Con esa resolución, el acusado dejó de contar con el beneficio que le había sido concedido tras su imputación y quedó bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación penal.
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El hecho que motivó el expediente inicial ocurrió en junio en un centro de compras de San Lorenzo Chico, donde el hombre fue detenido bajo sospecha de haber cometido un robo. Según la investigación, habría utilizado la modalidad denominada “violentador” para ingresar a una camioneta estacionada y sustraer una mochila con una computadora portátil y dinero.
La figura conocida como “violentador” suele estar asociada al daño o forzamiento de vehículos para acceder a objetos dejados en su interior. En la causa investigada en Salta, esa habría sido la maniobra utilizada para apoderarse de la mochila, según la hipótesis que analiza la Fiscalía.
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Los objetos que habían sido denunciados como robados fueron recuperados y restituidos a su propietario. Sin embargo, el proceso penal continuó y, tras la audiencia de imputación, se había dispuesto que el acusado cumpliera arresto domiciliario en la casa de su madre.
El incumplimiento de la medida cautelar fue advertido el domingo 13 de septiembre. Un efectivo policial que prestaba servicio adicional en un centro comercial de la zona sur reconoció al hombre mientras se encontraba realizando compras dentro del establecimiento.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el agente solicitó la colaboración del personal de seguridad privada del lugar y el acusado fue demorado. La intervención permitió informar de inmediato a la Fiscalía sobre la situación y sobre la presunta violación de las condiciones impuestas para su detención domiciliaria.
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En este caso, la salida del acusado de la vivienda donde debía cumplir la medida fue el elemento central que motivó el planteo fiscal. Martearena solicitó que se dejara sin efecto el arresto domiciliario y que el hombre fuera alojado en una unidad de detención, al considerar que había incumplido la obligación judicial vigente.
Prisión preventiva por el incumplimiento de la medida
Durante la audiencia, las partes expusieron sus posiciones ante el juez José Luis Musa. Tras escuchar los argumentos, el magistrado hizo lugar al pedido de la Fiscalía y resolvió revocar el beneficio domiciliario que había sido otorgado al imputado.
El arresto domiciliario es una modalidad de detención que obliga a la persona alcanzada por la medida a permanecer en la vivienda fijada por la Justicia. Su concesión está sujeta al cumplimiento de reglas concretas y puede ser revocada si se detectan salidas no autorizadas u otras conductas incompatibles con las condiciones dispuestas por el tribunal.
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La decisión incluyó el dictado de la prisión preventiva y la orden de traslado a la Alcaidía General, donde deberá permanecer mientras continúe el trámite de la causa. La medida no implica una condena, sino una resolución cautelar dictada durante la investigación judicial.
El hombre, cuya identidad no fue difundida, registra además antecedentes por delitos contra la propiedad. Ese dato forma parte de los elementos conocidos en el marco del proceso y fue consignado al informarse la resolución.
Con la revocación del arresto domiciliario, el acusado deberá permanecer bajo custodia mientras la Fiscalía avanza con las medidas pendientes en el expediente.
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