Candela Arizaga volvió a pedir ante la Fiscalía de Género Norte de la Ciudad de Buenos Aires que se levanten las medidas cautelares que le impiden acercarse y mantener contacto con novio Facundo Moyano en el marco de la causa que investiga el vínculo por presunta violencia.
El escrito fue presentado por el abogado Roberto Herrera, quien la representa en el expediente. En el documento, al que accedió Infobae, solicitó el “inmediato levantamiento” de las restricciones de acercamiento que fueron dispuestas durante la investigación.
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El argumento central es que, según sostiene la presentación, desaparecieron las circunstancias que podrían haber justificado originalmente esas medidas y actualmente no existiría un riesgo concreto que amerite mantenerlas.
Uno de los principales fundamentos expuestos por el abogado Herrera son las propias manifestaciones de Arizaga. Según el documento, la joven afirmó que no fue víctima de violencia física ni psicológica por parte de Moyano y también negó haber sido privada de su libertad. Además, manifestó expresamente su voluntad de retomar el vínculo afectivo con él.
El planteo sostiene que las medidas cautelares tienen una finalidad preventiva y que, por esa razón, su continuidad debería estar vinculada a la existencia de un riesgo actual. En ese sentido, el abogado plantea que una restricción no puede transformarse, por el paso del tiempo, en una “consecuencia autónoma e indefinida de una investigación”.
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La defensa también cuestiona que pueda mantenerse la prohibición de contacto únicamente sobre la base de la hipótesis inicial que motivó la intervención judicial. Según el escrito, durante la investigación se incorporaron testimonios que modificaron ese escenario.
En otro tramo de la presentación, el abogado aclara que el pedido no pretende desconocer la protección que corresponde frente a situaciones de violencia ni que la voluntad de una persona determine por sí sola el resultado de una investigación.
En lo que sí hace hincapié es en que, si la propia denunciante negó la existencia de violencia, descartó haber sido privada de su libertad y pidió recuperar el contacto, la Fiscalía debería explicar cuál es el riesgo concreto que justificaría mantener vigente la prohibición.
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