Imputaron a 11 personas por narcotráfico en Neuquén y quedaron detenidas

En la provincia de Neuquén, una ofensiva judicial sobre la venta minorista de drogas derivó en la imputación de 11 personas por presunto comercio de estupefacientes agravado y en una batería de medidas para cortar la actividad en distintos puntos del barrio Cuenca XV. La Fiscalía avanzó sobre dos expedientes conectados por el territorio, con allanamientos, secuestro de droga, dinero, armas y el pedido de restricciones para impedir que los acusados regresen a los lugares donde, según la investigación, operaban.

La acusación fue formulada por la fiscal del caso Silvia Moreira, con intervención del Ministerio Público Fiscal y del departamento de Antinarcóticos de la Policía provincial, luego de procedimientos realizados durante el fin de semana y autorizados por un juez de garantías. En uno de los legajos se atribuyó a cuatro hombres la comercialización organizada de cocaína y cannabis; en el otro, a siete integrantes de un grupo familiar al que se le adjudicó una estructura coordinada para vender y fraccionar droga en varios domicilios.

Según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Neuquén, la causa quedó abierta en un contexto de medidas cautelares que incluyeron arrestos domiciliarios, prohibiciones de contacto con testigos, restricciones de ingreso a sectores del barrio y clausuras de inmuebles. El juez de garantías Marco Lupica Cristo abrió la investigación por cuatro meses hasta el 29 de diciembre de 2026, mientras la fiscalía intenta consolidar la prueba reunida en los operativos.

El primer bloque de cargos fue presentado el viernes por la tarde contra F.E.S., P.L.H., A.D.L. y S.A.A. De acuerdo con la exposición de Moreira, los cuatro habrían comercializado estupefacientes en al menos dos viviendas de Cuenca XV entre el 20 de mayo y el 27 de agosto de 2026, en distintos horarios y con un esquema de atención a compradores que llegaban a las bocas de expendio.

Según la acusación, los pagos se hacían en efectivo o mediante billeteras virtuales, un dato que la fiscal remarcó al describir la modalidad presuntamente utilizada. Durante los allanamientos, el personal interviniente encontró 84 gramos de clorhidrato de cocaína y 61 gramos de cannabis sativa, además de dinero en efectivo en los inmuebles vinculados con ese tramo del caso.

A esos cuatro acusados se les atribuyó el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, en carácter de coautores. Como respuesta cautelar, se dispuso por dos meses la detención domiciliaria de P.L.H., A.D.L. y S.A.A., con consigna policial hasta la colocación de tobilleras electrónicas y con prohibición de contacto con los testigos incorporados al expediente.

En el caso de F.E.S., la medida fue distinta. El juez estableció la prohibición de ingresar al barrio Cuenca XV, una decisión orientada a impedir un eventual retorno al área bajo investigación mientras avanza el trámite judicial. Además, se ordenó la clausura de un inmueble ubicado sobre la calle Delegados Territoriales Neuquinos.

El segundo tramo de la investigación se formalizó el sábado por la tarde, cuando Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega imputaron a otras siete personas por integrar una organización familiar dedicada, según la hipótesis fiscal, a la comercialización y fraccionamiento de cocaína y marihuana en distintos domicilios de Cuenca XV y zonas cercanas.

La acusación alcanzó a J.A.Y., C.B.F., O.G.F.S., M.E.M., J.M.M., T.B.S. y C.N.F.S. Para la Fiscalía, la actividad se habría extendido desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 27 de agosto de 2026, con una división de roles entre los integrantes y con puntos de venta que funcionaban de manera articulada. Dentro de ese esquema, los compradores podían ser derivados de una vivienda a otra y los pagos también podían concretarse en efectivo o por medios digitales.

La imputación para los siete fue la misma figura base que en el primer expediente, es decir, comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, siempre en calidad de coautores. En dos casos, O.G.F.S. y M.E.M., la fiscalía agregó además el delito de tenencia ilegítima de armas de fuego, en concurso real.

En los procedimientos realizados el 27 de agosto, la investigación incorporó elementos que la fiscalía presentó como respaldo de la maniobra atribuida. En esos allanamientos se secuestraron envoltorios de cocaína y marihuana preparados para la venta, balanzas de precisión y anotaciones con precios y nombres.

También fueron incautados dinero en efectivo en pesos, dólares y pesos chilenos, junto con armas de fuego y municiones.

Además, el juez hizo lugar al embargo de cuentas y billeteras virtuales de J.A.Y. y C.N.F.S. hasta un límite de 30 millones de pesos por persona, aunque excluyó de esa medida las cuentas destinadas al cobro de subsidios o con finalidad alimentaria.

Como medida de coerción para el grupo de siete imputados, la fiscalía había solicitado cuatro meses de detención domiciliaria en viviendas alternativas ubicadas fuera de Cuenca XV, con monitoreo mediante tobilleras electrónicas. También requirió controles policiales sorpresivos, con al menos tres rondines diarios hasta que esos dispositivos estuvieran operativos, además de una prohibición absoluta de contacto con testigos de identidad reservada y vecinos denunciantes.