Detuvieron a un empresario agropecuario que estafaba a productores rurales con cheques sin fondos

Un empresario agropecuario de Venado Tuerto, identificado con las iniciales R.A.B., quedó detenido tras nueve allanamientos simultáneos por una presunta maniobra de estafa en operaciones de compraventa de ganado.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe confirmó que el operativo se ejecutó en domicilios particulares, oficinas y sedes de las sociedades vinculadas al acusado.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, la primera situación tuvo lugar en marzo del año pasado con la presunta compra a productores rurales de 360 cabezas de ganado por un valor que superó los 271 millones de pesos. Los animales fueron entregados, pero los cheques emitidos como pago resultaron rechazados por falta de fondos. Ante los reclamos, el acusado emitió al menos 37 documentos de pago pero la deuda nunca se saldó.

La maniobra tuvo un segundo episodio cinco meses después. En agosto de 2025 ejecutó una nueva operación por 200 cabezas de ganado. En aquel entonces, la víctima entregó cheques por otros 100 millones de pesos pero el ganado comprometido nunca fue entregado a la compradora.

Tras más de un año de investigación, ordenaron llevar a cabo nueve allanamientos de forma simultánea en distintos puntos de la ciudad a partir de los cuales pudieron secuestrar documentación comercial y societaria, dispositivos electrónicos, contratos y títulos valores considerados relevantes para la causa, según detalló El Litoral. Las medidas alcanzaron tanto domicilios particulares como oficinas y espacios vinculados con las sociedades bajo investigación, con el propósito de preservar pruebas y evitar su pérdida, alteración u ocultamiento.

En el procedimiento participaron integrantes de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA, personal del Grupo de Investigación y Análisis Criminal (GIAC) y efectivos de la Policía de Investigaciones de la División Delitos Económicos de la provincia de Santa Fe.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta Larisa Barucca. Durante varios meses, la funcionaria analizó documentos bancarios, societarios y comerciales, lo que le permitió reconstruir los movimientos vinculados con las operaciones ganaderas y los circuitos financieros asociados, a partir del cruce de información aportada por entidades bancarias, organismos públicos y registros comerciales.

Para la Fiscalía, las operaciones investigadas se habrían concretado a partir de la estructura empresarial y la apariencia de solvencia de la firma agropecuaria vinculada al acusado, un factor que habría generado confianza en los productores para avanzar con las distintas transacciones.

Entre la evidencia reunida figuran registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y en una sola de las cuentas examinadas se detectaron 172 cheques rechazados, de los cuales 159 fueron emitidos entre enero y agosto de 2025 por un monto que superó los 982 millones de pesos.

R.A.B. quedó a disposición de la Justicia. La imputación formulada en su contra tiene carácter provisorio y deberá ser evaluada en las próximas audiencias, en el marco del principio de inocencia.

Procesaron a una funcionaria por comprar cuentas para lavar dinero

En otro caso de presunta defraudación financiera, una funcionaria judicial de La Plata fue procesada por estafa, lavado de activos y asociación ilícita en el marco de una investigación que apunta al manejo irregular de aproximadamente $27.000 millones movilizados en el término de un año.

La acusada, identificada con las iniciales A. M. e integrante del Patronato de Liberados, se negó a declarar ante la fiscal Betina Lacki.

Según la hipótesis de la Fiscalía, la organización que habría liderado la acusada captaba personas en situación de vulnerabilidad ofreciéndoles $80.000 a cambio de sus datos personales y biométricos. Con esa información se abrían cuentas en billeteras virtuales que luego operaban como “mulas” para recibir y transferir fondos de origen desconocido.

La operatoria, conocida como “smurfing” o “pitufeo”, consistía en fraccionar grandes sumas en múltiples transacciones menores para eludir los controles financieros. Una vez completado ese circuito, el dinero era derivado a un casino online ilegal, donde se convertía en supuestas ganancias de juego para dificultar el rastreo de los fondos.

El avance clave de la causa se produjo el 16 de abril de 2026, cuando Lacki ordenó múltiples allanamientos sobre la base de pruebas reunidas durante meses de análisis técnico. Las autoridades investigan el papel que desempeñó cada integrante de la estructura y sospechan que A. M. habría utilizado su posición en el Patronato para acceder a personas bajo supervisión judicial o en contextos de vulnerabilidad social, circunstancia que podría derivar en un cargo adicional por abuso de función pública.