Tras siete años, archivaron una causa contra un maestro de jardín acusado de abusar de 31 nenes

El Ministerio Público del Departamento Judicial de Morón, resolvió archivar la investigación contra un ex profesor de música, acusado de abusar sexualmente de niñas y niños del Jardín del Bosque 901, ubicado en la localidad bonaerense de Ituzaingó. El caso, que comenzó en junio de 2019, involucró 31 denuncias y una movilización social inédita.

La decisión se dictó el pasado 21 de agosto, luego de casi siete años de una investigación que no llevó a nada. Según la resolución, a la que accedió Infobae, no existen pruebas sólidas ni relatos consistentes para sostener los hechos denunciados. Así, el expediente quedó archivado “por carecer de prueba suficiente sobre la existencia de los hechos”.

El expediente comenzó cuando la madre de una nena de 5 años denunció un juego en la hora de música al que llamaban “chocar lenguas”. La situación rápidamente se replicó en el grupo de WhatsApp de las madres, quienes compartieron audios e historias sobre comportamientos que consideraban extraños en el aula.

El número de denuncias ascendió a 31 en pocos días. Las versiones iban desde “juegos de chocar lenguas” y “juego del tiburón”, hasta relatos de presuntos tocamientos. Las madres organizaban reuniones en casas, grababan a sus hijas e hijos y buscaban explicaciones en docentes y directivos.

Varios menores fueron entrevistados por cuatro equipos periciales distintos. El diagnóstico en la mayoría de los casos fue similar: los relatos de los chicos eran ambiguos, cambiantes o insuficientes.

La voz de las psicólogas y los peritos

Las pericias oficiales recogieron frases como “el profesor Diego hizo algo malo… nos hacía chocar las lenguas a todos los compañeros… Me quiso tocar la cola y yo cerré las piernas”. Los especialistas evaluaron que, a esa edad, el límite entre juego, fantasía y realidad suele ser difuso.

Según la perito G.d.C, la menor mostraba una narrativa “consistente”, aunque sin indicadores claros de abuso sexual infantil. Por el contrario, el perito de parte A.D. advirtió que “antes de los 6 años el niño no discrimina entre mentira, actividad lúdica y fabulación”. “En el análisis no se registraron elementos compatibles con abuso ni con trastorno fonoudiológico”, continuó.

Mientras la pericia oficial detectaba coherencia, los peritos de parte desestimaban la credibilidad de los relatos infantiles, señalando que “la evaluación del testimonio en relación a los hechos que se investigan no es creíble”.

Qué aportaron los testigos y los audios

Además de los interrogatorios en sede judicial, las madres grabaron a sus hijas e hijos en sus casas. Estas grabaciones, convertidas en pruebas clave, eran analizadas por los peritos psicólogos. El resultado fue contundente: los audios reflejaban “preguntas sesgadas, insistentes, o que sugerían respuestas a los niños”.

En palabras de la perito de parte C.R., “la información sobre los hechos comenzó a circular entre adultos, en grupos de WhatsApp y medios. Los adultos interrogaron a los niños para buscar que confirmen las versiones que habían escuchado”.

Un ejemplo concreto lo dio A.B.C., vecina y docente, quien fue convocada por varias madres para hablar a solas con sus hijos. Corbalán grabó los relatos y relató: “Las preguntas formuladas buscaban confirmar versiones ya instaladas. Los chicos terminaban repitiendo lo que los adultos sugerían”.

En la mayoría de los casos analizados, las autoridades y los peritos observaron inconsistencias. Por ejemplo, niñas que un día relataban un juego y luego, ante eventuales repreguntas o en contextos más formales, no recordaban los hechos o se remitían a relatos difusos sobre actividades normales en la sala.

Muchos chicos no accedieron o no pudieron declarar. Otros, como ocurrió en varias evaluaciones, “simplemente no tenían recursos discursivos para sostener una denuncia”.

El propio informe oficial remarcó que “en las evaluaciones periciales no se registraron develaciones espontáneas ni consistentes de situaciones de abuso sexual. En cambio, los relatos infantiles giraron en torno a juegos y canciones escolares habituales”.

En algunas pericias, además, se observó que la repetición de preguntas o exigencias de los adultos podía “generar contaminación narrativa”, esto es, influir involuntariamente en lo que los chicos manifestaban. Un dato que aparece subrayado en los informes: la información circuló primero entre grandes y recién luego fue trasladada a los menores.

Las sospechas sobre los adultos y la escuela

Las pocas niñas y niños que dieron relatos más detallados mencionaron no solo al docente de música, sino también a otros adultos, maestras o incluso a familiares. Hubo comentarios sobre amenazas como “el profe dijo que no contemos nada porque nos retan”, pero tampoco se lograron pruebas directas.

Los directivos del jardín y otros docentes declararon que nunca observaron conductas inadecuadas del profesor. La directora del jardín, Irene Lombardi, afirmó que “sería imposible que hechos así ocurran sin que el personal lo advierta”, y que la arquitectura del edificio cuenta con aulas con grandes ventanales y puertas, lo que multiplica las posibilidades de control.

En paralelo, una docente aportó el acta de una conversación con una madre, quien habría dicho que “la denuncia se les fue de las manos” y deslizó sospechas sobre otros entornos ajenos a la escuela, aunque tampoco pudo ser corroborado por la Fiscalía.

El criterio judicial y el impacto social

El expediente, a lo largo de 67 fojas y más de treinta menores involucrados, revela la dimensión del impacto colectivo y la dificultad para determinar lo que realmente sucedió. La fiscalía liderada por la Unidad Funcional de Investigación N°1, con sede en Ituzaingó, entendió que los elementos reunidos no alcanzan el grado de certeza necesario para avanzar en una acusación penal.

En el dictamen de archivo puede leerse: “Por todo lo expuesto y los bastos elementos recolectados, entiendo que los mismos no alcanzan la entidad suficiente como para tener acreditado con el grado de certeza que se requiere en este estadio la existencia de los hechos denunciados...”.

“En el análisis de las evaluaciones periciales no se registraron develaciones espontáneas ni consistentes de situaciones de abuso sexual vinculadas al docente investigado... Los relatos infantiles se centraron en actividades propias del contexto escolar cotidiano”, señaló la resolución.

Qué sigue para el expediente

El archivo fue dispuesto con referencia al artículo 268, cuarto párrafo, del Código Procesal Penal bonaerense, que habilita cerrar una causa penal si no hay suficientes pruebas de la existencia del delito.

El juzgado de Garantías y las partes quedaron notificadas. El legajo se remitirá a archivo y, según establece la Ley, deberá ser destruido transcurridos diez años desde la fecha de la resolución.

“Fueron siete años de defensa técnica, con un colega abogado y un equipo interdisciplinario de peritos psicólogos de parte. Fue un calvario para mi asistido. Se denunciaron 31 supuestos casos de abuso sexual infantil y todos fueron desechados por falta de pruebas. Creo que no hay antecedentes de causas de tal magnitud, que culminen en un archivo”, dijo Sebastian Chouela, abogado defensor a Infobae.

“Claramente, se advierte una resolución que evidencia la contaminación de los relatos falsos o equivocados a través de los grupos de chats de whatsapp de madres y padres y de otros medios virtuales, así como la iatrogenia y mala praxis en entrevistas de menores de edad. Esto debe marcar tendencia y ser un buen precedente en temas de causas masivas falsas o erróneas en contra de docentes”, concluyó el letrado.