Un hombre de 37 años fue procesado por la Justicia Federal, tras ser acusado de amenazar con un atentado a la Embajada de México en Argentina, mediante al menos 13 mensajes de WhatsApp. El procesamiento lo dictó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, quien además le fijó un embargo de un millón de pesos.
De acuerdo con la investigación, el imputado, residente en la localidad de Mar del Tuyú, partido bonaerense de La Costa, envió los mensajes el 12 de agosto pasado entre las 12:45 y las 12:47 al teléfono de la sede diplomática, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. “Se les viene el atentado”, rezaba uno de los textos descubiertos. Las comunicaciones también contenían agresiones contra ciudadanos mexicanos, incluidas mujeres y niños, según consignó el portal oficial del MPF.
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El acusado fue imputado por el delito de intimidación pública, tipificado en el artículo 211 del Código Penal argentino. Esa figura contempla una pena de dos a seis años de prisión para quien, con el fin de infundir temor público o provocar tumultos, amenace con la comisión de un delito de peligro común o emplee medios aptos para producir tales efectos.
En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo del fiscal Ramiro González. Pese al procesamiento, el hombre fue liberado: Martínez de Giorgi estimó que no existían elementos que permitieran prever un riesgo de fuga.
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Cómo se identificó al imputado
La causa se inició a partir de una denuncia formal presentada por la propia Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, según consignó el sitio oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Los mensajes, según la denuncia, amenazaban con llevar a cabo un atentado destinado a asesinar a personas de nacionalidad mexicana que residieran en Argentina.
Ante ello, el juzgado convocó al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA), cuyos efectivos desplegaron tareas de campo, análisis de información y trabajos de ciberpatrullaje que incluyeron el uso de herramientas OSINT (Open Source Intelligence).
Los registros de la compañía telefónica permitieron establecer que la antena de conexión utilizada era la más próxima al domicilio del imputado. La fiscalía también solicitó informes a WhatsApp y a Mercado Libre para obtener datos adicionales del titular de la línea.
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La investigación se extendió luego al perfil del sospechoso en redes sociales, donde se halló una cuenta con imágenes suyas incendiando una bandera de México, dato que el Gobierno señaló como parte del cúmulo de pruebas reunidas antes del allanamiento.
El 20 de agosto, Martínez de Giorgi ordenó el registro del domicilio del acusado, ubicado en la calle 94 de Mar del Tuyú. En el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares y una computadora, que permanecen bajo peritaje.
Durante su indagatoria, el imputado reconoció los hechos, pidió disculpas y sostuvo que era incapaz de cometer un atentado y que no pretendía generar temor. Alegó haber enviado los mensajes “en repudio” de videos que circulaban en redes sociales en los que ciudadanos mexicanos hablaban en contra de Argentina, y calificó lo ocurrido como “una broma de mal gusto”.
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La respuesta del juez al descargo del acusado
Martínez de Giorgi rechazó el argumento del acusado. Señaló que la justificación del imputado no alcanzaba para desvirtuar las pruebas reunidas en la causa ni para alegar desconocimiento sobre las consecuencias de sus actos, dado que lo hizo activó el protocolo antiterrorista y el desplazamiento de fuerzas de seguridad que, de haber existido una amenaza real, habrían demorado su intervención.
El magistrado consideró probado que el acusado “refirió la cercanía de un mal o un peligro que resultó inexistente” con el propósito de infundir temor público. Agregó que el imputado actuó de forma anónima por ser consciente de que su accionar “era suficiente para turbar la tranquilidad pública”, y que eligió ese medio aun cuando los mensajes se enviaron al interior de una sede diplomática con una cantidad indeterminada de personas en su interior.
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