Un abogado del fuero local de Salta sumó en las últimas horas más de 130 cargos penales por diferentes delitos a los 77 que ya se le habían adjudicado meses atrás cuando comenzó una investigación por una presunta red de fraudes que habría operado durante años dentro del propio sistema judicial, y que tiene más de un involucrado.
Junto al letrado, identificado como Lucas Ignacio M.G., hay otras tres personas imputadas -dos de ellas incorporadas recientemente a la causa-, por una maniobra sistemática que incluyó pagarés firmados en blanco usados para iniciar juicios ejecutivos contra personas que nunca supieron que existían y que sufrieron embargos sobre sus sueldos y bienes.
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La última novedad ocurrió cuando la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal de Salta durante una audiencia en la que se leyeron los cargos atribuídos ante el juez de Garantías. La fiscal auxiliar Ahanduni presentó la acusación actualizada contra las dos personas investigadas desde mayo e incorporó a otros dos imputados.
En esta última actuación, M.G. pasó a enfrentar 138 hechos distribuidos entre estafas procesales reiteradas (64), falsificación de instrumento privado (24) y abuso de firma en blanco (50 hechos). Anteriormente, pesaban sobre él 28, 18 y 31 hechos, que variaban conforme la calificación. Mientras que la mujer acumuló 118 bajo los mismos delitos. Los otros dos hombres recién incorporados responden por 14 y 6 hechos del primero de los delitos mencionados.
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Los nuevos testimonios de personas que figuraban como demandadas y nuevas denuncias penales, sustentaron la ampliación llevada a cabo este lunes por el Ministerio Público Fiscal que dio a conocer los avances. Algunos de los denunciantes aseguraron haber firmado pagarés en blanco que luego fueron completados con montos y datos que desconocían. Otros directamente negaron haber suscripto los documentos utilizados para promover las demandas en su contra.
La causa comenzó meses antes, cuando los titulares de los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos de Salta enviaron informes a la UDEC, señalando que existían patrones repetidos de irregularidades en casos bajo la representación de un mismo abogado.
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Dentro de las irregularidades observadas, los magistrados advirtieron que ciertos demandados figuraban con domicilios duplicados o, de manera inusual, con las mismas direcciones que los actores implicados en esas causas. Desde ese momento, se inició una investigación por parte del personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que analizaron más de 70 expedientes judiciales e identificaron varias conductas repetidas.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que pudo hacer la Fiscalía, captaban personas en situación de vulnerabilidad económica a las que les ofrecían préstamos informales bajo condiciones abusivas. A cambio, les exigían la firma de los doumentos en blanco que luego eran completados con montos desproporcionados o datos falsos para dar inicio a juicios ejecutivos. No solo eso, utilizaban domicilios inventados por lo que las víctimas nunca recibían las notificaciones judiciales y quedaban sin posibilidad de defenderse. Esto derivó en sueldos y bienes embargados.
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La UDEC solicitó el levantamiento del secreto bancario de ambos, además de la prohibición de salida del país, la retención de documentos de viaje y la prohibición de contacto con denunciantes y damnificados.
El 29 de abril, con autorización del Juzgado de Garantías, se realizaron allanamientos en 19 domicilios, entre ellos el estudio jurídico del abogado, viviendas particulares y varios inmuebles que figuraban en expedientes judiciales. En el estudio se secuestraron dinero en pesos y en moneda extranjera, documentación, expedientes y pagarés vinculados a la causa. En el domicilio de la femenina incautaron dinero, cuadernos, carpetas con documentación, un talonario de títulos de crédito en dólares y comprobantes bancarios.
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Se constató la existencia de domicilios ficticios en los expedientes, lo que quedó probado mediante el descubrimiento de propiedades que estaban desocupadas o eran propiedad de personas ajenas a los acusados.
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