La Justicia investiga los casos de las fotos de alumnas de la UBA desnudas editadas con IA

La Justicia investiga al menos dos denuncias por la circulación de fotos de alumnas de colegios preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se adulteraron con inteligencia artificial (IA) para que aparezcan “desnudas”.

Las actuaciones están a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), a cargo de Daniela Dupuy, que busca determinar el encuadramiento legal de los casos que vulneran la privacidad y la integridad moral y sexual de las jóvenes.

La investigación en curso involucra a dos casos de los estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, tras la difusión y comercialización de las imágenes modificadas con IA en redes sociales.

Según indicaron fuentes reservadas a Infobae, la intervención judicial se está realizando de oficio, aunque no se descarta que se puedan ir sumando otras denuncias.

Primero, lo que se busca resolver es cómo abordar el “vacío legal” sobre el uso de estas tecnologías, en prácticas o presuntos delitos informáticos que tienen impacto en la integridad sexual y psicológica de las personas, en este caso, con víctimas de menores de edad.

Otra complejidad que se le suma es la comercialización de esas fotos. Según las denuncias, las imágenes, muchas obtenidas de perfiles en redes sociales, eran manipuladas con IA y ofrecidas en “packs” por jóvenes con valores que rondaban los $1.000. En esta difusión también participaron alumnos varones del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA).

Las primeras alertas surgieron el sábado 27 de junio, cuando alumnas comenzaron a expresar su indignación en redes sociales al descubrir un grupo de WhatsApp en el que varones de las dos instituciones secundarias difundían y comercializaban fotos y videos alterados digitalmente para mostrar a compañeras casi sin ropa o desnudas.

Tras la denuncia, las comunidades educativas del Pellegrini y “el Nacional” activaron protocolos internos. La rectora del Pellegrini, Ana Barral, aseguró que la escuela realizó la denuncia el 8 de julio, una semana y media después de los hechos, y presentó actuaciones ante el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad y la Línea 102. Barral pidió a las familias que formalicen denuncias y aporten pruebas almacenadas en los dispositivos de los alumnos.

El vicerrector Ricardo Moreno calificó los hechos como “realmente graves”. “Estamos actuando con todas las instancias institucionales y las herramientas legales que tenemos como escuela y articulando, conversando, conteniendo, y desarrollando acciones en las distintas instancias”, comentó, en diálogo con C5N. El directivo expresó que, como institución, se solicitó intervención al Ministerio Público Tutelar porteño para “contener la situación, pero a la vez actuar en el máximo rigor posible”.

La rectora del CNBA, Valeria Bergman, reconoció la preocupación de la comunidad educativa y señaló que se habilitaron canales de escucha y acompañamiento.

Ambas instituciones reforzaron sus equipos pedagógicos y activaron mecanismos de contención y resguardo de derechos para las víctimas. También informaron a los docentes y priorizaron la elaboración de diagnósticos y herramientas institucionales para prevenir casos similares.

Las alumnas afectadas, principalmente de segundo año, organizaron protestas y sentadas. El clima interno en el Colegio Carlos Pellegrini se puso áspero en las últimas semanas. Es que apareció un mensaje amenazante en uno de los pupitres: “Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas”.

Los alumnos individualizados presuntamente responsables, todos menores de edad, fueron suspendidos por algunos días.

En principio, los autores de la difusión y de la modificación serían inimputables por su escasa edad. En otras situaciones con antecedentes similares, el camino propuesto es darle un abordaje administrativo y de acompañamiento a los involucrados con el apoyo de organismos especializados.

“Una vez concluidos los informes y las averiguaciones, y teniendo en cuenta que parte de los datos y las pruebas están contenidos en teléfonos celulares de menores de edad, debemos actuar con responsabilidad. Cuando contemos con toda la información, la escuela, en consulta con el Cdnnya y el Ministerio Público Tutelar, adoptará las medidas que correspondan”, señaló Ana Barral, rectora de la institución, al diario La Nación.